La Fiscalía Federal indicó que Elsa Santiago admitió haber alterado cuentas del sistema SURI y aceptar sobornos para facilitar solicitudes fraudulentas al programa BIG durante 2021
SAN JUAN (EFE) – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este martes de que Elsa Santiago, empleada del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (PRTD, en inglés), se declaró culpable de conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos.
«Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina seguirá persiguiendo enérgicamente a las personas corruptas del Gobierno que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos», afirmó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.
Según el documento difundido por las autoridades, Santiago se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, lo que implicaba el robo de fondos gubernamentales, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos.
Según los cargos y las pruebas del caso, Santiago conspiró de forma consciente y deliberada con otras personas para robar más de 1.000 dólares de fondos federales, además de aceptar sobornos a cambio de sus actos corruptos.
Las acusaciones incluyen que, desde enero hasta mayo de 2021, Santiago era funcionaria pública de la PRTD y tenía acceso privilegiado a las cuentas del Sistema Unificado de Recaudación de Impuestos (SURI) de los contribuyentes de Puerto Rico.
Como parte de la conspiración, Santiago aceptó de forma corrupta pagos en efectivo y otros beneficios, incluidas comidas, a cambio de modificar y proporcionar las credenciales SURI de los contribuyentes a la persona A, un cómplice.
Con esa información SURI, la persona A presentó posteriormente solicitudes fraudulentas al programa ‘Business Interruption Grant’ (BIG), que proporcionaba ayuda del Fondo de Ayuda para el Coronavirus del Tesoro de Estados Unidos a las pequeñas empresas que reunían los requisitos.
«Este proceso judicial sirve de advertencia a otros empleados públicos involucrados en este tipo de tramas de que serán investigados y procesados, y que no se tolerarán este tipo de infracciones», zanjó Muldrow.
Santiago compareció por primera vez ante el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, donde renunció a la acusación formal y se declaró culpable de un cargo ante la jueza de distrito Silvia Carreño.
En este contexto, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, una multa que no excederá los doscientos cincuenta mil dólares y libertad supervisada.
Un juez federal de distrito determinará su sentencia tras considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El FBI está investigando y la fiscal adjunta de Estados Unidos, Linet Olinghouse, está a cargo del caso.
