La audiencia enfrenta la libertad de expresión con la protección de derechos de personas LGBTQ+
Washington, 7 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinó este martes por acabar con el veto impuesto en el estado de Colorado a las «terapias» de conversión tras una audiencia centrada en la libertad de expresión de quienes llevan a cabo estas controvertidas prácticas.
El alto tribunal celebró una audiencia centrada en determinar si la capacidad de un estado para regular contra estas prácticas socava la libertad de expresión de quienes las llevan a cabo, recogida en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Estas mal llamadas ‘terapias’ se refieren a cualquier esfuerzo por modificar la orientación sexual y la identidad o expresión de género de una persona basándose en la fe y en un planteamiento ultraconservador, es decir, tratar de convertir en heterosexuales a personas que no lo son y a personas trans en cis.
El origen del caso se encuentra en una demanda presentada por una terapeuta cristiana de Colorado, Kaley Chiles, que argumenta que la norma estatal que prohíbe estas prácticas vulnera su libertad de expresión al impedirle hablar abiertamente con sus pacientes.
La Administración de Donald Trump le ha respaldado.
Los magistrados, en su mayoría conservadores, se mostraron escépticos con la ley de Colorado y con la capacidad de los estados para «tomar partido» en asuntos como este. En general plantearon que se podría llevar a cabo una violación de la libertad de expresión.
El abogado de la demandante defendió que la voz de Chiles estaba siendo «silenciada» y se estaba dejando a las familias «sin el apoyo que ella ofrecía», en cambio, el fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, defendió que no hay evidencias que apoyen estas terapias.
«La gente lleva 100 años intentando aplicar terapias de conversión sin ningún éxito registrado. A pesar de que se ha intentado promover esta práctica, no hay ningún estudio que haya demostrado que tenga alguna posibilidad de ser eficaz», afirmó Stevenson.
Estas prácticas son a menudo criticadas por organizaciones médicas y de derechos humanos y por testimonios de quienes han pasado por ellas, ya que pueden incluir prácticas muy duras que en algunos casos han sido equiparadas con formas de tortura.
Varios estudios demuestran que quienes han participado en estas terapias son más propensos a sufrir problemas de salud mental en el futuro.
De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), 17 países cuentan con regulaciones nacionales para prohibir estas terapias y en algunos más hay regulaciones indirectas o que no afectan a todo el territorio.
En Estados Unidos más de veinte estados, casi la mitad, cuentan restricciones. El veredicto del Supremo podría afectar a otros estados.
