Nueva York (EFE) – El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó el 10 de agosto el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma, la empresa fabricante del opiáceo OxyContin, que imponía un pago de $6,000 millones a los dueños, la familia Sackler, pero les protegía de futuras demandas por la vía civil.
El alto tribunal accedió así a una apelación del Departamento de Justicia, que había argumentado que eximir a los Sackler de responsabilidad civil no estaba autorizado por la legislación de quiebras estadounidense, y constituía un «abuso del sistema de bancarrotas (que) suscitaba cuestiones serias sobre su constitucionalidad».
En la orden, muy breve, los jueces del Supremo bloquearon una decisión emitida este pasado mayo por un tribunal de apelaciones de Nueva York, que aprobó este acuerdo de bancarrota que incluía la protección a los Sackler, y programaron una audiencia oral para evaluar el caso en diciembre de este año.
Purdue Pharma es señalada como una de las grandes responsables de la crisis de los opiáceos en EE.UU., que ha matado a más de medio millón de personas, y en 2019 se acogió a la Ley de Quiebras, pero desde entonces ha habido una batalla judicial sobre su plan de compensación de los afectados.
La empresa, controlada hasta hace poco por la desprestigiada familia Sackler, que retiró fondos antes de someterla a bancarrota, había acordado pagar hasta $6,000 millones a decenas de administraciones a condición de ser protegidos contra futuras demandas por temas relacionados con los opioides.
Ese plan, después de muchas idas y venidas, fue aprobado en mayo por un tribunal de apelaciones de Nueva York, tras lo que la familia Sackler expresó su satisfacción y deseo de que se aplicara «lo antes posible».
«Estamos seguros de la legalidad de nuestro Plan de Reorganización apoyado casi universalmente, y tenemos optimismo en que el Tribunal Supremo estará de acuerdo», dijo la empresa hoy en un comunicado a los medios, en el que expresó «decepción» con el Gobierno por su apelación.
El Gobierno, dijo Purdue, «pese a no tener un interés concreto en el resultado de este proceso, ha sido capaz de retrasar miles de millones de dólares que deberían usarse en compensar a las víctimas, mitigar la crisis de los opioides en comunidades por todo el país, y en medicinas de reversión de sobredosis».
