Una vista en el Tribunal Federal revive la lucha contra una ley que criminaliza la difusión de información durante emergencias, mientras nuevas medidas amenazan el acceso a datos públicos en Puerto Rico
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
El lunes, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, se realizó una vista oral de un caso crucial que combate la censura a la prensa: Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico. La vista será ante los jueces Gustavo Gelpí, David Hamilton y Seth Aframe del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en un caso donde el gobierno busca revertir la decisión de un juez federal que declaró inconstitucional una ley que criminalizaba la difusión de «alarmas falsas» durante emergencias, como la pandemia de COVID-19.
La ley otorgaba al gobierno un poder excesivo para decidir qué información ellos catalogan como «falsa» o alarmista, abriendo la puerta a abusos y a la represión de voces críticas. Esto va a la médula del periodismo libre porque violenta la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La ley fue impugnada en 2020 en el caso Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico por los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra Rodríguez Cotto, representados por el American Civil Liberties Union (ACLU), y aunque fue declarada inconstitucional en 2023, el gobierno sigue apelando.
El peligro potencial que representa esta ley para la libertad de prensa hizo que entidades internacionales como Reporters Committee for Freedom of the Press y Electronic Frontier Foundation presentaran amicus curiae en apoyo de los periodistas, al advertir que, si el gobierno prevalece, podría abrirse la puerta a la criminalización del discurso durante crisis públicas. También tuvo respaldo de otras entidades periodísticas globales como Committee to Protect Journalists, Fundamedios y todos los gremios locales.
Esta fue la última ley firmada por Ricardo Rosselló antes de su renuncia forzada en 2019, y desde entonces, todos los gobernantes posteriores – Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González – han intentado mantenerla viva, consolidando una afrenta directa a la libertad de expresión y de prensa.
Pero esta medida no es el único caso. A principios de este mes, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que introduce nuevas restricciones a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Esta medida ha sido rechazada por organizaciones de periodistas, líderes comunitarios y medios de comunicación, quienes argumentan que limita el acceso a la información y fortalece el control gubernamental sobre los datos públicos.
Represión en EE. UU. como espejo para Puerto Rico
En Estados Unidos, los ataques a la libertad de prensa son igualmente alarmantes. En 2023, al menos 12 periodistas fueron arrestados o enfrentaron cargos dudosos relacionados con su labor informativa. Por ejemplo, en Alabama, dos periodistas fueron acusados de delitos graves por «publicar» información, y en Illinois, un reportero fue citado por hacer «demasiadas preguntas» a empleados municipales. Estas acciones evidencian un patrón de criminalización del periodismo y un intento de silenciar voces disidentes.
Además, el clima hostil hacia los medios de comunicación ha aumentado. En lo que va de 2024, los ataques a periodistas en EE. UU. aumentaron más del 50 % en comparación con el año anterior, pasando de 45 a 68 agresiones, según Voice of America. Este aumento refleja una tendencia alarmante de violencia y hostigamiento hacia la prensa.
Cada vez más, periodistas, activistas y ciudadanos que alzan la voz enfrentan represalias: demandas judiciales intimidatorias, arrestos en protestas, exclusión de medios y campañas de difamación en redes sociales. Hablar tiene un costo, y el mensaje es brutalmente claro: si te atreves a cuestionar, sufrirás las consecuencias.
Puerto Rico: laboratorio de control social
Puerto Rico siente estos efectos de manera directa. La intervención militar de EE. UU. en Venezuela y su presencia estratégica en el Caribe son apenas la punta del iceberg. La autocensura, la manipulación mediática y la presión corporativa sobre medios y periodistas locales erosionan la capacidad de cuestionar al poder.
La Ley 141-2019, modificada recientemente para restringir el acceso a la información pública, demuestra que las tácticas de control social y censura que se prueban aquí podrían extenderse a otras partes de EE. UU. Esta represión no es aislada: es parte de una estrategia más amplia de control político y social, donde el silencio se convierte en cómplice del autoritarismo.
Ante este escenario, el silencio no es conformidad: es miedo impuesto, represión institucionalizada. Cuando los ciudadanos temen hablar, cuando los periodistas se autocensuran y cuando las leyes sirven para silenciar voces críticas, la democracia se debilita. Es hora de que los puertorriqueños y estadounidenses se levanten y exijan respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información. Romper el silencio no es opcional; es un deber ciudadano.
La censura no amenaza solo a los periodistas; amenaza a toda la democracia. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información es responsabilidad de todos. El silencio fortalece al poder; romperlo es un acto de resistencia.
