Las agencias gubernamentales detallan procesos y programas mientras legisladores reclaman mayor coordinación y seguimiento en los casos referidos
SAN JUAN, Puerto Rico – Las comisiones de Educación, Arte y Cultura y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado evaluaron los protocolos del Departamento de Educación (DE) para atender situaciones de maltrato y ausentismo escolar durante una vista pública relacionada con la Resolución del Senado 425.
La audiencia, presidida por las senadoras Brenda Pérez Soto y Wandy Soto Tolentino, buscó examinar cómo el sistema público maneja los casos que puedan poner en riesgo la seguridad, el bienestar y el desarrollo académico de los estudiantes.
Soto Tolentino explicó que la investigación pretende analizar el tiempo de reacción de las agencias responsables cuando se identifica un posible caso de maltrato en el hogar. Señaló que, según lo presentado en la vista, las agencias cuentan con programas de orientación y protocolos establecidos.
“Estamos tratando de indagar sobre cuál es el tiempo de reacción de las agencias de gobierno responsables cuando se identifica en las escuelas un caso de maltrato en el hogar. Como pudimos escuchar hoy todas las agencias tienen programas de orientación y protocolos, inclusive Familia expresó que tienen hasta 72 horas para atender un caso”, expresó la legisladora.
La senadora añadió que se solicitó a las agencias estadísticas e información detallada sobre los casos identificados, reportados y resueltos para determinar posibles fallas en la comunicación interagencial o en la implementación de los protocolos existentes.
En representación del Departamento de Educación compareció la licenciada Saraí Ruiz Maisonet, directora de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública, quien explicó que la agencia cuenta con reglamentos y procedimientos que establecen los deberes del personal docente y de apoyo al momento de manejar estos casos.
Según Ruiz, los protocolos establecen los procesos de activación, documentación, referido, intervención y seguimiento, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y la protección de los derechos del estudiante. También destacó que el personal recibe capacitación continua para atender estas situaciones.
La funcionaria indicó que la atención a los estudiantes se canaliza a través del Equipo Interdisciplinario de Servicios, compuesto por trabajadores sociales escolares, psicólogos escolares, consejeros profesionales y personal de enfermería.
Por su parte, Pérez Soto sostuvo que los protocolos existen y son recientes, pero enfatizó la necesidad de consecuencias administrativas cuando no se cumplen.
“Decir en el récord que sí están los protocolos y el protocolo es tan reciente como del 2025, el problema no son los protocolos, no es el personal, son las consecuencias administrativas que tienen que tomar las agencias cuando ese empleado no cumple o no termina lo referido”, afirmó.
Durante la vista también se discutieron los mecanismos para identificar estudiantes que podrían estar enfrentando situaciones de maltrato o negligencia. Maribel De Jesús, del programa de Trabajo Social del Departamento de Educación, indicó que el personal escolar recibe adiestramientos continuos para detectar y atender situaciones sociofamiliares.
Explicó que, en casos de ausentismo, el reglamento establece que luego de la cuarta ausencia el maestro refiere el caso al trabajador social. Este realiza gestiones para comunicarse con los padres y, de ser necesario, puede visitar la comunidad para iniciar un plan de intervención.
De Jesús también reconoció que la comunicación entre agencias puede fortalecerse.
La vista contó además con la participación de representantes del Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Universidad Albizu y el Colegio de Trabajadores Sociales.
La teniente Lilliam Ortiz Oliver, de la Policía de Puerto Rico, informó que la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores ha trabajado 23 incidentes de maltrato infantil entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026. Además, indicó que durante 2025 se atendieron 381 querellas, cifra mayor a las 299 registradas en 2024.
Entre las recomendaciones presentadas durante la audiencia se destacó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal escolar, mejorar la coordinación entre agencias y evaluar si los recursos disponibles son suficientes para implementar los protocolos existentes.
También se planteó reforzar los servicios de salud mental y establecer modelos escalonados para atender señales tempranas de riesgo y ausentismo escolar, con el fin de prevenir situaciones de maltrato y garantizar la continuidad del cuidado de los menores.
