Miami (EFE) – Un polémico proyecto de ley que contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares y multas a empleadores, fue aprobado este viernes en el Senado estatal y se dirige ahora a la Cámara de Representantes, donde previsiblemente también obtendrá el visto bueno.
La normativa cuenta con el beneplácito del gobernador de Florida, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis.
La Cámara alta, de mayoría republicana, aprobó con 27 votos a favor y 10 en contra un proyecto que en su redacción final impone hasta 15 años de prisión a quien transporte a Florida a inmigrantes indocumentados, así como multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
«Tenemos una crisis de inmigración ilegal, al punto que la gente lo llama una invasión», dijo el senador republicano Blaise Ingoglia, autor del proyecto SB 1718, durante el debate de la medida en el hemiciclo de la Cámara alta, según recoge el medio especializado Florida Politics.
La iniciativa, además, establece la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
«A lo largo de este periodo legislativo, la mayoría parlamentaria ha tratado de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos en su incesante búsqueda para promover las ambiciones políticas del gobernador DeSantis», se lamentó en un comunicado David Metellus, director de Políticas Públicas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
Alertó además sobre las amenazas que supone la norma para las familias «de estatus mixto» y los efectos que pueda tener en la Sanidad pública de este estado.
Esta misma semana, un grupo de 80 médicos y profesionales de la salud remitieron cartas a los titulares de ambas cámaras del Legislativo floridano, es decir, a la senadora Kathleen Passidomo y al congresista Paul Renner, ambos republicanos, para advertir que la propuesta conlleva un poderoso riesgo de socavar las políticas sanitarias.
La carta afirma que este proyecto de ley, y otra iniciativa similar surgida de la Cámara baja estatal (HB 1617), van a disuadir a las personas de buscar atención médica «por temor a ser atacados o discriminados en función de su estado migratorio».
«En un estado donde 1 de cada 5 personas son inmigrantes, las personas menos saludables impactan a comunidades enteras», alertaron los firmantes de la carta remitida el pasado martes, y en la que ponen como ejemplo el riesgo de propagación que supondría un inmigrante contagiado de la covid-19 y que, por temor, se abstenga de buscar atención hospitalaria.
Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha establecido en una guía las llamadas «áreas protegidas», las cuales se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias, entre las que figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
«Un hospital no es un lugar apropiado para involucrar a una persona en asuntos privados de inmigración», señalaron los firmantes de la carta.
