San Juan, 21 feb (EFE News) – El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz, informó que mañana la Cámara alta analizará la resolución 32, por petición de los servidores públicos, que busca realizar una investigación sobre los planes del gobierno para cumplir con la «Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos».
Ruiz, a través de un comunicado, expresó que es un tema de gran importancia por la magnitud del mismo y el costo que implicaría su aprobación.
Luis Collazo, administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, manifestó en las vistas públicas sobre la transición de gobierno que el inicio de la implantación de dicha Ley 80-2020 está detenida hasta que se precise cómo se cumplirá con la legislación sin afectar el funcionamiento gubernamental.
Dicha legislación firmada el 3 de agosto de 2020, proveyó una ventana de retiro incentivado a servidores públicos que cumplían con unos requisitos específicos.
Sin embargo, indica el comunicado, el gobierno no puede cuantificar el impacto de dicha ley en los puestos esenciales de trabajo en las entidades públicas, y cuántas de esas vacantes habría que llenar al quedar descubiertas por los potenciales retirados.
A todo esto se añade que la Junta de Control Fiscal llamó la atención del Gobierno para detener la implantación de la Ley 80-2020 hasta que se acuerde un plan para garantizar que es consistente con el Plan Fiscal Certificado», destacó senador.
«La aplicación de dicha ley, como está, implicaría el despido de empleados del gobierno y la paralización de aumentos previamente legislados para primeros respondedores, como policías y bomberos», sostuvo.
También, añadió que la implementación de la ventana para un retiro incentivado le costaría al gobierno 7.000 millones de dólares, aunque no se explicó cómo llegaron a ese estimado de gastos.
