Waldemar Quiles defendió la medida como una solución a un problema histórico que afecta a residentes y al gobierno, mientras el PIP y el PPD critican el beneficio a casos como el de los suegros de la Gobernadora
SAN JUAN, Puerto Rico – El secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, aseguró que la polémica orden administrativa sobre La Parguera, que legaliza construcciones existentes y archiva querellas relacionadas, fue heredada de la administración anterior y busca poner fin a un limbo jurídico de décadas.
“La Orden Administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera fue redactada y preparada por la administración anterior, como quedó constatado durante el proceso de transición”, afirmó Quiles.
El secretario defendió la medida como un “reconocimiento a las condiciones históricas, culturales y turísticas” de La Parguera y destacó que también establece claras responsabilidades para los dueños de propiedades. “Con esta orden terminamos con el limbo jurídico que ha sido detrimental tanto para los propietarios como para el gobierno de Puerto Rico”, añadió.
Según Quiles y el DRNA, la orden se sustenta en una interpretación jurídica de la reglamentación actual en el contexto histórico del desarrollo en la isla.
“La orden reconoce unos derechos adquiridos de todos los que tienen una residencia en La Parguera, pero a su vez establece claras responsabilidades que los dueños tienen que cumplir”, explicó Quiles. Además, detalló que se realizarán estudios para obtener una huella física de las estructuras, lo que permitirá mantener control sobre posibles expansiones futuras.
El secretario comparecerá próximamente ante el Senado como parte de su proceso de confirmación, donde se espera que enfrente preguntas sobre los alcances de esta polémica orden administrativa y las críticas de los partidos de oposición.
Críticas del PIP y el PPD
La aprobación de la orden en el primer día de Quiles como secretario designado ha generado fuertes reacciones desde sectores de oposición.
El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, denunció que la orden “le pone precio a bienes del pueblo de Puerto Rico que no pueden estar sujetos a la privatización” y criticó que finalice “ordenando el archivo de los casos relacionados al asunto atendido en la orden”.
Entre las querellas archivadas figura la presentada por construcciones ilegales contra los suegros de la Gobernadora Jenniffer González.
“Es evidente la parcialidad del secretario designado, y su acción le inhabilita de plano para ejercer la dirección de la agencia llamada a velar por los recursos naturales de nuestro país”, subrayó González.
Por su parte, la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, calificó de “escandaloso” el inicio de la administración de Quiles. “Un nombramiento de esa calaña no debe siquiera ser considerado por el Senado”, agregó.
Desde el Partido Popular Democrático (PPD), los portavoces Luis Javier Hernández Ortiz en el Senado y Héctor Ferrer Santiago en la Cámara de Representantes también expresaron su rechazo a la medida.
Hernández Ortiz señaló que la orden genera un “serio conflicto de interés” y aseguró que el secretario debió haberse inhibido de intervenir en un caso relacionado con los suegros de la Gobernadora. “Con tantas situaciones ambientales serias que estamos enfrentando en Puerto Rico, la primera acción del designado Quiles es hacer público un serio conflicto de interés. Debió inhibirse de ese caso y permitir que tanto los reglamentos como el sistema judicial hicieran su trabajo”, indicó.
Ferrer Santiago coincidió en calificar la orden como “un descaro que no se puede permitir y que tiene graves consecuencias legales”.
