San Salvador (EFE) – Una corte antimafia de El Salvador retomó este martes el juicio contra 426 testaferros, pandilleros y líderes históricos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) por cargos de homicidio, organizaciones terroristas, lavado de dinero y tráfico de armas.
Las autoridades de seguridad solo trasladaron a 16 de los imputados, mientras que el resto se encuentra en diferentes cárceles del país y presencian el juicio mediante video.
Los imputados fueron capturados en el marco de la denominada «Operación Cuscatlán» en febrero de 2018, una de las más amplías de los últimos años, y en la que se incautaron bienes por más de 1,8 millones de dólares.
Entre los cabecillas que enfrentan el juicio desde el lunes se encuentran Dionisio Umanzor, Pedro Rivas y Borromeo Henríquez, considerados como parte de la máxima estructura de liderazgo de la MS13.
Se espera que en el juicio declaren al menos 34 testigos, de una lista previa de 150 personas, y que concluya el próximo 1 de noviembre.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que un grupo de los supuestos testaferros de la pandilla recibió dinero de dicha estructura para blanquearlo mediante pequeños negocios.
El 70% de las ganancias generadas por todos los negocios que recibían fondos ilícitos era para la pandilla y 30% les quedaba a los dueños de los comercios.
La operación que dio pie a este proceso se registró después de la denominada «Jaque» de 2016, que fue el primer golpe directo a las finanzas de la MS13 con la desarticulación de una red que administraba el patrimonio de la pandilla.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la MS13 se ha debilitado desde 2017, cuando el Gobierno estadounidense y el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) incrementaron su coordinación policial y judicial para combatir a ese grupo.
No obstante, las operaciones más fuertes contra esta estructura criminal comenzaron en el año 2016.
El Salvador es asediado por la MS13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que cuentan con más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes ocurridos en su territorio.
