La organización radicó un recurso de mandamus contra la Cámara de Representantes y la gobernadora Jenniffer González Colón para que se atienda el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático
SAN JUAN, Puerto Rico – El Puente Puerto Rico radicó este martes una petición de mandamus ante el Tribunal de San Juan contra la Cámara de Representantes y la gobernadora Jenniffer González Colón, con el fin de que ambas instancias cumplan con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático, la Ley 33-2019, en torno al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
Según explicó la organización, la demanda persigue que la Cámara de Representantes remita el PMARCC a la gobernadora, y que esta proceda a aceptarlo y firmarlo o a vetarlo, conforme al Artículo 16 de la ley.
“Se acabaron las excusas. La gobernadora y el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez) saben el costo político que tiene seguir apoyando la destrucción del ambiente y por eso prefieren mantener en el limbo la aprobación del PMARCC. Pero el pueblo sí sabe lo importante que es aprobar este plan, que lo que busca es adelantar, de manera organizada, la adaptación climática”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.
De acuerdo con la entidad, el 18 de noviembre de 2025 la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático recomendó la aprobación del plan y lo sometió a la consideración de ambos cuerpos legislativos. Ese mismo día, el Senado votó a favor del PMARCC, mientras que la Cámara de Representantes no llevó la medida a votación.
Aun así, la organización sostuvo que, al concluir la sesión ordinaria ese 18 de noviembre, el plan quedó aprobado conforme a la ley. Luego, el 20 de noviembre de 2025, el Senado remitió el PMARCC a Fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos E. Rivera Justiniano, devolvió el documento a la Cámara de Representantes al alegar que solo había sido aprobado por uno de los cuerpos legislativos.
El Puente Puerto Rico señaló que, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que esa devolución no procedía, y a que la organización solicitó a la gobernadora que reclamara el plan o actuara sobre este, el PMARCC permaneció en manos de la Cámara. También aseguró que solicitó a ese cuerpo legislativo que enviara el plan a Fortaleza, sin recibir respuesta.
La organización recalcó que, conforme a la intención legislativa, el plan debió aprobarse hace al menos cuatro años y que, a casi siete años de la aprobación de la Ley 33-2019, Puerto Rico todavía no cuenta con un plan integrado para atender la crisis climática.
“La inacción del Gobierno es extremadamente irresponsable y contraria a los deberes ministeriales que tienen. La Cámara de Representantes no tiene autoridad para mantener secuestrado el PMARCC ni de modificarlo, y la Gobernadora tiene que aceptar dicho plan y decidir si lo va a firmar o no. Esto es lo que le estamos solicitando al Tribunal”, expresó la licenciada Ninoshka G. Picart Pérez, abogada de El Puente Puerto Rico.
La entidad subrayó la urgencia de que Puerto Rico cuente con un plan integrado para atender los efectos del cambio climático, al señalar que el archipiélago figura entre los territorios más afectados por el calentamiento global. Según detalló, el PMARCC busca coordinar sectores como infraestructura, salud, turismo, agricultura, educación y energía para mitigar riesgos y proteger la vida, la propiedad y la economía del país.
El Puente Puerto Rico advirtió además que la ausencia de ese plan agrava las condiciones de las comunidades más vulnerables, al exponerlas a impactos como el calor extremo y la mala calidad del aire, factores que aumentan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en particular entre personas adultas mayores.
La organización añadió que la falta de una estrategia planificada también tiene implicaciones económicas, entre ellas posibles pérdidas en infraestructura, turismo y agricultura, así como efectos sobre la capacidad operacional del transporte aéreo.
“El Plan identifica prioridades claves y le permite a las agencias enfocar sus esfuerzos y comprometer sus recursos para proteger las vidas y propiedades más vulnerables. La gobernadora ya no puede evadir su responsabilidad, tendrá que tomar una decisión en favor de la vida o de sus intereses personales”, concluyó Cintrón Moscoso.
