Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – La defensa de Donald Guerrero, presidente del dealer Autogermana y preso en Santo Domingo por lavado de dinero y corrupción, confirmó ayer a medios en la República Dominicana que contrató a la controversial firma de cabilderos y estrategas de propaganda con sede en Washington, DCI Group. Empero, negaron que el contrato sea para desacreditar a nivel internacional al gobierno dominicano y a la figura del presidente Luis Abinader.
Pero la historia de esa firma lo contradice. DCI Group es la empresa que realizó una campaña abierta de descrédito contra el Gobierno de Puerto Rico en el 2018 y que impidió hacer una mejor negociación de la deuda pública. Hicieron campaña de cabildeo en Washington contra el exgobernador Alejandro García Padilla, contra el excomisionado residente y actual gobernador Pedro Pierluisi, y publicaron anuncios insultando a los puertorriqueños en medios como Wall Street Journal, Político y The New York Times.
Además, uno de los socios fundadores de DCI Group es Justin Peterson, actual miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, puesto que logró tras un cabildeo con el expresidente republicano, Donald Trump.
Los asesores legales de Guerrero en Santo Domingo aseguraron a la prensa dominicana que la contratación de DCI Group será solamente de consultoría.
“DCI Group ha sido contratada como firma de consultoría, dentro del marco de la ley por la familia del ex Ministro de Hacienda. Sus servicios se enmarcan en el contexto de un residente norteamericano con una larga trayectoria empresarial en Estados Unidos. Por lo anterior, negamos tajantemente que sus servicios procuren desacreditar o difamar ninguna autoridad dominicana”, sostuvo en el comunicado el equipo de Guerrero.
Guerrero, quien fue ministro de Hacienda bajo el expresidente Danilo Medina, ha luchado infructuosamente por salir de la cárcel de máxima seguridad de Najayo en la capital dominicana, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace meses. Allí podría permanecer hasta el 2024, cuando inicie el juicio en su contra.
El exfuncionario enfrenta cargos por un entramado de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros, por la presunta implicación en la red de corrupción conocida como Caso Calamar. Este caso es considerado uno de los peores en la corrupción gubernamental del vecino país porque se trata de un esquema de desfalco contra el estado dominicano valorado en más de 19,000 millones de pesos o el equivalente a $350 millones.
Las acusaciones específicas contra Guerrero incluyen asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa, entre otros cargos. Se presume que el dinero que se desfalcó al pueblo dominicano se lavó en el exterior, incluyendo a Puerto Rico.
Vínculos con Puerto Rico
A principios de abril de 2023, el gobernador Pierluisi anunció que el Gobierno de Puerto Rico ofrecerá “total cooperación” a las autoridades dominicanas en este caso. El Gobernador ha estado en dos ocasiones en el vecino país, la primera durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y gobierno, y durante la Semana Santa.
Guerrero además enfrenta en Puerto Rico un pleito de $21.7 millones por el control del negocio de dealers de carros de lujo, Autogermana. Lo demandó el fundador de ese concesionario, el empresario dominicano Eduardo Pellerano.
Hace un mes Pellerano radicó en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan un nuevo pleito legal por supuesta corrupción corporativa en Autogermana y pidió al tribunal que nombre a un síndico para que el dealer no sea controlado por Guerrero desde la prisión en Santo Domingo. Además de Autogermana, Guerrero es presidente en Puerto Rico de los concesionarios de autos Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler, Autocentro Más y otras empresas.
Guerrero ha dicho que quien controla el negocio en Puerto Rico ahora son sus subalternas, las ejecutivas Marimer Martínez y Mariel Martínez. Pero Pellarno alega en su demanda que estas ocultan información financiera y usurpan poderes corporativos. Esto viola la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, según se explica en el documento.
A Guerrero y las empresas vinculadas a Autogermana lo representan en Puerto Rico los abogados Guillermo Ramos Luiña, Luis Manuel Rodríguez-López, Harold Vicente y el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. A Pellerano Nadal lo representa en Puerto Rico, la exfiscal federal María Domínguez, y los abogados Javier Micheo Marcial y Julián Rodríguez Muñoz.
Los abogados de Guerrero han enviado cartas al menos a tres medios puertorriqueños (incluyendo a En Blanco y Negro con Sandra) amenazando con demandar y exigir que no se cubran las noticias vinculadas a este escandaloso caso de corrupción gubernamental y corporativa.
La entrada de DCI Group
DCI Group es una firma de propaganda que se proyecta en su página web como “solucionadores de problemas”. Dicen que ofrecen servicios de comunicación estratégica, gestión de coaliciones, participación de aliados, relaciones con los medios y promoción digital. Alegan que emplean un enfoque de estilo de campaña para ejecutar una estrategia ganadora para batallas legislativas, regulatorias y de comunicaciones, y que ayudan a sus clientes a desarrollar sus mensajes más fuertes, reformular conversaciones, y reclutar amigos y aliados con ideas afines para ampliar su posición.
Pero la trayectoria de esta firma en Puerto Rico ha sido negativa. En mayo del 2014 la empresa fue contratada por Doral Financial Corporation cuando el banco apenas comenzaba un proceso judicial contra el Departamento de Hacienda para conseguir un reintegro de alrededor de $230 millones. El reintegro lo había aprobado el exsecretario de Hacienda, Jesús Méndez, quien después fue vicepresidente de Doral.
Doral Bank no consiguió el reintegro y enfrentó problemas al no poder someter a las autoridades regulatorias un plan viable de capitalización mínima. Por eso, en febrero de 2015, Doral cerró sus operaciones.
Cuatro años más tarde, para agosto de 2018, DCI Group se identificó como la empresa que delineó toda una estrategia para desacreditar a los puertorriqueños y atacar al gobierno de García Padilla para evitar que se lograran negociaciones que afectaran a los bonistas de obligaciones generales.
Para el 2020 se sabía que DCI Group había invertido sobre $1.3 millones en cabildeo contra los esfuerzos que hacía el Gobierno de Puerto Rico por conseguir un mecanismo para reestructurar la deuda que no afectara al pueblo. También fue la firma que frenó los esfuerzos por incluir a la isla en el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, lo que hubiera permitido una negociación más justa para el pueblo, no para los bonistas buitres.
