La resolución busca indagar si el Departamento de Corrección conocía las denuncias y si campañas políticas se beneficiaron directa o indirectamente.
SAN JUAN (EFE)
El Partido Popular Democrático (PPD) anunció este martes la radicación de la Resolución de la Cámara 693, mediante la cual se ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar un presunto esquema de trasiego de drogas dentro de las cárceles a cambio de votos en el proceso eleccionario de 2024.
«Las denuncias que han salido a la luz pública son sumamente serias y atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático. No podemos permitir que alegaciones de compra de votos, intimidación a confinados y posible participación de empleados públicos queden sin ser investigadas a fondo», expresó el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago.
Según un reportaje investigativo del medio estadounidense ProPublica, los líderes de la pandilla carcelaria conocida como Los Tiburones vendían drogas a los reclusos no solo por dinero, sino también por sus votos, específicamente para Jenniffer González Colón.
«Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán», aseguró en declaraciones escritas la gobernadora.
El portavoz popular explicó que la resolución busca esclarecer si el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tenía conocimiento de estas actividades, si colaboró con las autoridades federales, y si empleados de la agencia participaron o facilitaron el esquema.
Además, se investigará si campañas políticas se beneficiaron directa o indirectamente de estas prácticas ilegales.
«Si hubo intimidación, fraude electoral o complicidad institucional, el país tiene derecho a saberlo y los responsables deben enfrentar las consecuencias», sostuvo Ferrer Santiago.
La investigación también examinará si se otorgaron privilegios o castigos a confinados según su comportamiento electoral, así como las medidas adoptadas por el DCR tras la acusación federal contra la referida ganga en diciembre de 2024.
Finalmente, Ferrer Santiago reiteró que la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar y garantizar la transparencia en la gestión pública.
«Esperamos que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) tome este asunto con seriedad y no mire hacia otro lado ante alegaciones tan graves», subrayó Ferrer Santiago.
El reportaje de ProPublica alega que, tras la elección del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó esa investigación sobre un esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos en 2024.
González Colón afirmó que «las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas» y que cualquier investigación federal, en caso de que exista, debe preceder a su Administración.
En diciembre de 2024, mes después de que González Colón ganara las elecciones, un gran jurado federal emitió acusaciones contra 34 personas por trasiego de drogas en las cárceles del Puerto Rico.
