El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño anunció que radicaron medidas para poner fin a la privatización; pero la gobernadora Jenniffer González se opone y prefiere la privatización
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – Devolver al pueblo las privatizaciones fallidas. Esa, en esencia, es la propuesta que anunció ayer la plana mayor del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Indicaron que radicaron el Proyecto de la Cámara y el Proyecto del Senado 695, que busca enmendar la Ley 83 de 1941 y devolver el control público del sistema eléctrico, poniendo fin a los contratos de privatización con LUMA Energy y Genera PR.
Esta no sería la primera vez que en Puerto Rico se da marcha atrás a una privatización. A mediados de la década del 90, el gobierno revirtió no uno, sino dos procesos para intentar privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a las empresas Ondeo y la Compañía de Aguas. Al final, regresó a manos públicas.
Pero en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue el mismo gobierno el que sistemáticamente fue destruyendo a esa corporación mediante la contratación de empleados por puestos políticos, lo que elevó la nómina. Después, se ejecutó una campaña negativa para destruir al sindicato UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) y favorecer la privatización. Se dejó de invertir en infraestructura y, cuando pasaron los huracanes Irma y María, el sistema colapsó. Desde entonces, no ha podido regresar a lo que una vez fue.
“Ante el fracaso evidente y reiterado de la privatización, la única vía sensata es recobrar el control del sistema eléctrico, superando los males de la antigua operación de la AEE —como la politización y la falta de transparencia— y entendiendo el servicio de energía como un derecho humano”, expresó la senadora del PIP María de Lourdes Santiago.
El representante Denis Márquez añadió que la experiencia de los últimos años confirma los problemas de entregar un servicio esencial a la empresa privada. “Los frecuentes apagones y el aumento sin precedentes en la factura de luz son un claro ejemplo del fracaso de LUMA, la privatización y la politización de nuestros servicios esenciales”, dijo Márquez al señalar que la energía debe estar bajo control público.
El liderato del PIP sostuvo una rueda de prensa en la que también participaron el senador Adrián González Costa y las representantes Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón. La conferencia fue encabezada por el secretario general de la colectividad, Juan Dalmau. Entre todos, y otros asistentes, ofrecieron alternativas a la privatización de la energía eléctrica.
Según los pipiolos, tras cuatro años de privatización, no se ha logrado resiliencia ante huracanes, los apagones continúan, no se cumplen los planes de mantenimiento y las tarifas siguen en aumento. Añadieron que extender el contrato de LUMA por 15 años supondría un costo social adicional de $792 millones, mientras que el proceso de reconstrucción con fondos federales avanza con lentitud.
También hablaron de la necesidad de que se cree un nuevo marco legislativo para reorganizar la AEE bajo principios de mérito y transparencia, eliminando la injerencia partidista. Coincidieron en que recuperar el control público es indispensable para garantizar un sistema eléctrico confiable, asequible y alineado con el interés del pueblo de Puerto Rico.
REACCIONA LA GOBERNADORA
Pero esta propuesta del PIP no tiene tracción en el gobierno, que, después de todo, ha sido quien impulsa la privatización.
La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó enfática, diciendo que lo único que sirve es la privatización. Alegó que “no podemos volver a un modelo quebrado”, y que volver a que el sistema eléctrico sea liderado por el gobierno no es la solución.
“Yo vi hoy la propuesta que sacó el PIP o que anunció con bombos y platillos, que no es otra cosa que lo mismo que decía la plataforma del PIP en la pasada elección. No es nada distinto, es que el gobierno vuelva a asumir un negocio. Ya vimos que el gobierno de Puerto Rico, cuando dirigió la AEE, quebró Puerto Rico”, dijo la gobernadora.
“Tenemos una deuda de billones de dólares en el tribunal, precisamente porque los bonistas quieren que el gobierno, que la gente, pague la deuda de la AEE. Y ellos pretenden que nosotros volvamos a ese modelo. Eso no es una opción, volver a un modelo quebrado. Entonces, ¿cuál va a ser la excusa? ¿Tenemos que volver a reclutar gente? Eso no es funcional, no es real. Aparte de que la misma quiebra de la Autoridad y todos los procesos ante la Junta de Supervisión Fiscal impiden que volvamos a que el gobierno sea el modelo”, agregó.
HISTORIAL DE PRIVATIZACIONES
Un poco de historia. Los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, que han sido los que han controlado el gobierno y la administración pública desde 1952, tienen ambos largos historiales de privatización. Es una tendencia a preferirla cuando necesitan generar ingresos sustanciales para el gobierno en determinados momentos de la historia.
En efecto, la privatización ha sido motivo de lucro para grandes sectores empresariales de Puerto Rico y del exterior, y ha fomentado la corrupción del gobierno. Desde la década del 90, hubo una movida política hacia privatizar lo más posible.
Fue ahí que Puerto Rico vio privatizaciones como la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a la compañía PSG en 1995 en un contrato hasta el año 2002. Luego, la empresa Ondeo obtuvo un contrato de $4.000 millones por 10 años, pero para 2005 el gobierno canceló el contrato cuando Ondeo pidió más dinero. Desde 2004, la AAA volvió al gobierno.
La Telefónica fue otra privatización importante. Comenzó en la década de los 90, cuando se vendió Telefónica Larga Distancia bajo una administración de Rafael Hernández Colón. Luego, bajo Pedro Rosselló, se vendió la Puerto Rico Telephone Company a GTE, en un consorcio que incluía al Banco Popular, con la propuesta de que la venta por $1.900 millones iría a cubrir el déficit actuarial en la Administración de Sistemas de Retiro de empleados públicos. Al poco tiempo, esa empresa se vendió a la multinacional mexicana Claro.
El aeropuerto Luis Muñoz Marín se privatizó durante los gobiernos de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla por sobre $650 millones, en un contrato de administración de 40 años. También fue con una empresa de origen mexicano, Aerostar Airport. Los muelles en San Juan, particularmente los que reciben cruceros, también fueron privatizados en la década del 2020.
Hay que recordar, además, que se han privatizado carreteras a través de sistemas de peajes que el pueblo de Puerto Rico pagará por 50 años. El exgobernador Fortuño privatizó las carreteras PR-5 y PR-22 por $279 millones para generar ingresos para la Autoridad de Carreteras. Con el tiempo, otras carreteras se han añadido al modelo.
En el caso de la AEE, la privatización era parte de los planes desde el gobierno de Pedro Rosselló, pero se concretó durante el efímero e incompleto gobierno de su hijo, Ricardo Rosselló Nevárez. Fue este quien privatizó luego de que el sistema colapsara tras el paso del huracán María. Se contrató a la empresa Whitefish Energy Holdings, que tuvo graves irregularidades, y luego se firmó un contrato con la recién creada empresa LUMA Energy en 2020.
