La delegación cameral propone blindar la privacidad y prevenir abusos en redadas migratorias
San Juan (EFE) – Los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron este sábado su apoyo y compromiso al suscribir la medida que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colon y Nelie Lebrón Robles colaboraron en la investigación, redacción y búsqueda de coautores del proyecto de ley, según el comunicado.
La delegación cameral del PIP explicó que el Proyecto de la Cámara 331 crearía la obligación de desarrollar políticas y protocolos que protejan la información privada de las personas y que prevengan intervenciones de emigración en violación a los derechos constitucionales.
Márquez Lebrón explicó que este proyecto de ley es una propuesta para proteger la vida de los inmigrantes y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros.
«Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no es un cheque en blanco para la violación de los derechos fundamentales», expresó el representante del PIP.
«La protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña», agregó.
Según el PIP, la iniciativa legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
«Ante las recientes redadas, donde fueron detenidas personas sin orden judicial, incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado e incluso una mujer puertorriqueña, nos pareció urgente actuar para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en nuestro archipiélago», señaló Gutiérrez Colon.
Por su parte, Lebrón Robles lamentó que las ordenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, «cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de emigración, pero no protecciones constitucionales y a no ser arrestado sin una orden judicial».
«Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo», concluyó.
