La estrategia de la Junta de Supervisión Fiscal amenaza con repetir en la Universidad de Puerto Rico el mismo libreto que llevó a la crisis del retiro de la AEE, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la misión educativa de la institución
Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
La Junta de Supervisión Fiscal ha convertido en costumbre la misma estrategia: asfixiar financieramente los sistemas de retiro, negarles el financiamiento adecuado y sustituir la seguridad colectiva de las pensiones por esquemas individuales de ahorro que trasladan el riesgo a cada trabajador.
Lo vimos con la Autoridad de Energía Eléctrica, donde el descuido deliberado llevó a la insolvencia de su sistema de retiro y a la imposición del modelo de «pay as you go», que hoy encarece la factura de todos los abonados. Ahora ese mismo libreto amenaza directamente al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.
La diferencia es que en la UPR todavía estamos a tiempo. El Sistema de Retiro de la universidad sigue siendo solvente, a pesar de los ataques y de la dejadez. Pero la solvencia no es una condición eterna ni mágica: depende de que la UPR cumpla con sus aportaciones y de que el gobierno central respete sus obligaciones con la institución.
Sin embargo, también depende, sobre todo, de la acción consciente y organizada de la comunidad universitaria y del país. Si el pueblo no defiende lo suyo, ningún gobierno lo hará por él. Si las aportaciones se reducen o se dejan de hacer, la estabilidad se quiebra. Y lo que hoy es un sistema sólido, mañana puede ser una carga insoportable que amenace la existencia de la propia universidad.
La Junta de Gobierno de la UPR, actuando bajo la presión de la Junta de Supervisión Fiscal, ha aprobado cambios que ponen en entredicho el futuro de las pensiones universitarias. Uno de los más graves es la creación de un sistema de ahorros e inversiones individuales para los nuevos empleados, en lugar de integrarlos al Sistema de Retiro existente. Con ese paso, no solo se priva a los trabajadores jóvenes del derecho a una pensión digna, sino que se debilita la base de financiamiento del sistema actual. Menos participantes y menos aportaciones significan, inevitablemente, un sistema más frágil.
Este esquema no es una innovación ni una solución moderna, como algunos quieren pintarlo. Es una repetición de los mismos experimentos fracasados en otras jurisdicciones, donde se ha demostrado que los sistemas de retiro de contribución definida —como los llamados «401(k)»— generan pensiones insuficientes, cargan al trabajador con todos los riesgos del mercado y terminan creando generaciones de jubilados empobrecidos. Al imponerlo en la UPR, la Junta no está buscando garantizar el retiro de nadie, sino abrir la puerta a la liquidación del sistema colectivo.
El paralelismo con la Autoridad de Energía Eléctrica es ineludible. En la AEE, la Junta ignoró las advertencias desde 2017 sobre la necesidad de aportar lo que correspondía al sistema de pensiones. En 2018 se le explicó, cara a cara, a la entonces directora ejecutiva Natalie Jaresko que, sin financiamiento apropiado, el retiro colapsaría. La respuesta fue la indiferencia. Resultado: el sistema quebró y hoy las pensiones se pagan directamente con fondos corrientes en un modelo de «pay as you go», que se traduce en un cargo adicional en la factura eléctrica. Los pensionados no son culpables de ese desastre; la responsabilidad es exclusiva de la Junta y de los gobiernos que se cruzaron de brazos.
Si ese modelo se repite en la UPR, el desenlace será similar. La universidad tendría que pagar las pensiones de sus jubilados directamente de su presupuesto corriente. ¿Y de dónde saldrían esos fondos? De los bolsillos de los estudiantes y de sus familias, a través de aumentos en la matrícula y en los costos de estudio. Dicho de otra manera: la irresponsabilidad de la Junta se traduciría en encarecer la educación pública universitaria y en limitar el acceso a la formación superior para miles de jóvenes puertorriqueños.
No se trata de un peligro remoto. Hoy la UPR depende en gran medida de fondos federales, como las becas Pell, para sostener su operación. Si se provoca la insolvencia del Sistema de Retiro y, con ello, una crisis financiera en la universidad, se pone en riesgo esa acreditación y, con ella, la elegibilidad de los estudiantes para recibir ayudas federales. La pérdida de esas becas sería devastadora: miles de estudiantes abandonarían sus estudios y la UPR perdería gran parte de su presupuesto.
El impacto no se detendría en los salones de clase. Una universidad en crisis por el colapso de su sistema de retiro vería mermada su capacidad de atraer y retener profesores cualificados. La fuga de talento académico sería inevitable. Además, el prestigio de la institución se vería socavado, restándole competitividad en la captación de fondos externos e investigaciones. Lo que está en juego, entonces, no es solo la pensión de un grupo de jubilados, sino la viabilidad completa de la universidad pública de Puerto Rico.
Conviene dejarlo claro: el Sistema de Retiro de la UPR es solvente en este momento. Los estados financieros así lo reflejan. El problema no es la gestión de la Junta de Retiro, que ha defendido con firmeza la estabilidad del sistema. El problema es que la Junta de Supervisión y la Junta de Gobierno de la UPR han adoptado una actitud negligente, reduciendo aportaciones y promoviendo esquemas paralelos que socavan la base del retiro. Con esa actitud, son ellos quienes están creando las condiciones para una futura insolvencia.
Algunos justifican estos pasos diciendo que el gobierno «no tiene dinero» para sostener el retiro. Ese argumento es una falacia peligrosa. No se trata de falta de fondos, sino de prioridades. Si el gobierno puede asignar millones a contratos de consultoría, a pagar abogados en el proceso de quiebra y a favorecer intereses privados, puede y debe cumplir con las obligaciones hacia los trabajadores y pensionados de la UPR. PROMESA, en su Título II, lo exige: los planes fiscales deben proveer el financiamiento adecuado para los sistemas de retiro. La Junta, al no hacerlo, viola la letra de la misma ley que dice estar implementando.
La estrategia es clara: dejar que los sistemas públicos de retiro se debiliten, provocar su insolvencia y luego justificar su sustitución por modelos privados o individuales. Esa es la táctica que se aplicó en la AEE y que ahora se intenta aplicar en la UPR. El resultado siempre es el mismo: trabajadores despojados de derechos, instituciones debilitadas y costos trasladados al pueblo.
Pero esta vez no basta con exigirle al gobierno que reaccione. La defensa del Sistema de Retiro de la UPR tiene que venir desde abajo, desde las aulas, los sindicatos, los estudiantes y las comunidades.
Los universitarios, jubilados y empleados deben movilizarse juntos, formar frentes amplios, organizar asambleas, recurrir a los tribunales y a la calle si es necesario. Solo la presión social puede obligar a las autoridades a rectificar.
La historia demuestra que lo que los pueblos no defienden, se lo arrebatan.
Por eso, no podemos esperar que el gobierno actúe por iniciativa propia ni confiar en promesas vacías. La acción colectiva y solidaria de los trabajadores, estudiantes y ciudadanos será la verdadera muralla de contención frente al desmantelamiento. No se puede aceptar sin resistencia la imposición de un sistema de ahorro individual que condena a los nuevos empleados a la precariedad. No se puede seguir reduciendo aportaciones al Sistema de Retiro mientras se pagan con ligereza contratos y honorarios externos. Y no se puede mirar hacia otro lado mientras la Junta de Supervisión Fiscal utiliza su poder colonial para imponer políticas que destruyen la universidad pública.
La defensa del Sistema de Retiro de la UPR debe ser una causa nacional. No es un tema gremial ni sindical. Es un tema de país. Cada profesor, cada empleado, cada estudiante y cada jubilado es parte de un proyecto colectivo que sostiene la educación superior pública. Si la comunidad universitaria y la ciudadanía no se levantan para defenderlo, nadie lo hará.
Además, la lucha por el retiro de la UPR es también una lucha por la educación accesible. Si la universidad tiene que destinar cada vez más recursos a pagar pensiones con fondos corrientes, lo hará a costa de los estudiantes. Eso significa matrículas más caras, menos ayudas, menos programas y menos oportunidades. El resultado sería un sistema universitario cada vez más elitista, alejado de la misión de servicio público que le dio origen.
La historia reciente nos obliga a actuar con responsabilidad. Ya vimos cómo la negligencia de la Junta en la AEE llevó a cargos adicionales en la factura de la luz y a un servicio cada vez más ineficiente. ¿Vamos a permitir que la misma película se repita en la UPR? ¿Vamos a aceptar que la universidad pública sea desmantelada en nombre de una supuesta disciplina fiscal que solo sirve a los acreedores y a los privatizadores?
La respuesta debe ser un no rotundo. Puerto Rico no puede darse el lujo de perder a su universidad pública, ni de traicionar a los trabajadores que la sostuvieron con décadas de servicio. Pero más allá de lo que haga el gobierno, el futuro dependerá de la fuerza de la organización social.
Serán las voces de los estudiantes, las marchas de los empleados, las demandas judiciales de los jubilados y la solidaridad del país las que impidan que la universidad sea desmantelada.
El momento de actuar es ahora, no después de que la crisis estalle. Cada día que pasa sin aportaciones adecuadas, sin un plan de fortalecimiento real, es un día más cerca de la insolvencia. Y cuando esa insolvencia llegue, no habrá vuelta atrás: las consecuencias serán devastadoras para jubilados, empleados, estudiantes y para el país entero.
Por eso, levantar la voz no es solo un acto de defensa, es un acto de prevención. Se trata de evitar que se repita en la UPR la catástrofe que vivimos en la AEE. Se trata de proteger la educación pública superior, de salvaguardar los derechos adquiridos de los trabajadores y de impedir que la Junta de Supervisión Fiscal siga imponiendo su agenda de desmantelamiento institucional.
En resumen: el Sistema de Retiro de la UPR todavía puede salvarse, pero no será el gobierno quien lo salve. Será la gente organizada, consciente y solidaria.
Será el movimiento universitario y obrero el que trace el camino.
Necesita que el gobierno cumpla con su deber, sí, pero sobre todo necesita que la comunidad universitaria y el país lo exijan con fuerza. Lo que está en juego no es una contabilidad de aportaciones, sino el futuro mismo de la universidad pública. Si se repite el error de la AEE, las consecuencias serán irreversibles. Y entonces, cuando los estudiantes pierdan sus becas, cuando la universidad pierda su acreditación y cuando los jubilados pierdan su seguridad, no habrá excusas que valgan.
La Junta ya mostró su libreto: dejar morir para privatizar. Esta vez, la respuesta no vendrá desde los despachos del poder, sino desde la calle, desde los campus y desde la conciencia colectiva del país.
Solo un pueblo movilizado puede detener el colapso y salvar la universidad pública de Puerto Rico como lo que es: un patrimonio del pueblo trabajador y un derecho de las futuras generaciones.
