La Paz (EFE) – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, la máxima instancia judicial del país, ratificó la condena de 10 años de prisión contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019, confirmó este viernes la defensa de la exautoridad.
El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, dijo a EFE que «sí se ha confirmado por parte del Tribunal Supremo de Justicia la sentencia emitida contra la exmandataria».
Guillén recordó que dentro del ordenamiento jurídico interno, esta era «la última instancia» a la cual se podía recurrir para anular la condena, aunque aún quedan «diferentes recursos que se pueden interponer, como una revisión extraordinaria de sentencia y amparos contra la misma resolución».
El abogado señaló que el equipo jurídico verá «cuáles son las mejores opciones» para continuar la defensa de la expresidenta, aunque consideró que «lo más pertinente va a ser acudir a la vía internacional».
En el auto supremo judicial, difundido por algunos medios locales, la Sala Plena del TSJ declaró «infundado» el recurso de casación presentado hace unos meses por la defensa de Áñez para intentar anular la sentencia que le fue impuesta el año pasado.
La Justicia determinó en junio de 2022 dar 10 años de cárcel a la expresidenta interina por el caso «golpe de Estado II» en el que los principales acusadores son la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Áñez está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como «golpe de Estado I», acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, también por la crisis de 2019.
La exgobernante transitoria tiene al menos otros siete procesos abiertos en la justicia ordinaria.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Guillén sostuvo que el auto supremo del TSJ «llama la atención porque decide no pronunciarse en referencia a varios elementos, como el vacío de poder que existía en el momento en que asumió la Presidencia la exmandataria».
Según el abogado, el fallo se limitó a mencionar que el trámite de las renuncias de autoridades debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, «pero esto cuando el Estado está funcionando de forma normal», lo que no ocurrió durante la crisis de 2019.
«Por lo pronto vemos que es una sentencia que vulnera los derechos y que no se encuentra arraigada a nuestros lineamientos jurídicos», agregó.
