Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Fiscales federales y agentes del Servicio de Rentas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) están desplegando agentes encubiertos y examinando de cerca los registros para construir casos penales y civiles contra personas adineradas que son sospechosas de aprovecharse ilegalmente de las exenciones fiscales que ofrece Puerto Rico, acaba de reportar el medio internacional Bloomberg.
La pesquisa federal se centra en la cantidad de administradores de fondos de cobertura, comerciantes de criptomonedas y otros estadounidenses que han estado viniendo a Puerto Rico en la última década, atraídos por la política del gobierno local de darle exenciones contributivas bajo leyes como la 22, ahora Ley 60. Pero ahora los investigadores se enfocan en determinar si esos empresarios mienten sobre cuánto tiempo pasan en la isla, y la fuente real de sus ingresos, según personas familiarizadas con el asunto.
Los agentes federales investigan a los promotores, abogados y contables que comercializaron el programa fiscal. Al menos dos investigaciones criminales, incluida una que involucra a un abogado estadounidense, podrían dar lugar a la radicación de cargos en las próximas semanas, publicó Bloomberg.
Entre los posibles cargos que las autoridades federales sopesan están los de conspiración y fraude electrónico. “Estamos aquí, estamos buscando hacer casos. Estamos aquí con agentes del IRS y estamos trabajando con funcionarios de Puerto Rico”, dijo el orador Carlos Ortiz, durante una conferencia celebrada en Nueva York el mes pasado
“El mensaje es que la soga se está apretando”, dijo Ortiz.
Las Leyes 20-22 se diseñaron para atraer inversionistas multimillonarios a Puerto Rico en el proceso de la quiebra local, para intentar inyectar fondos a la maltrecha economía a través de inversiones y creación de empleo. Más del 40% de la población en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, situación que se agravó después de que los huracanes Irma y María, y los terremotos devastaron la infraestructura y el sistema médico.
Estas movidas federales coinciden con múltiples esfuerzos que se realizan en Puerto Rico, y desde la diáspora para que se eliminen los beneficios contributivos de muchos de estos empresarios que llegan a Puerto Rico, no generan empleos, ni aportan a la economía, pero sí fomentan la gentrificación.
En abril pasado En Blanco y Negro con Sandra dio a conocer el abrumador respaldo de los cibernautas a la campaña “Losing Puerto Rico” que lanzaron desde la diáspora para lograr que el Congreso elimine la Ley 22. Se trata de una campaña multimedios para llamar la atención a una laguna fiscal que permite a los estadounidenses ricos mudarse a Puerto Rico y evitar pagar la mayor parte de sus impuestos sobre ganancias de capital. https://youtu.be/5p9qSaLJS1g
Según el reportaje que acaba de publicar hoy Bloomberg, las pesquisas federales que están realizando ahora pueden iniciar con el formulario de Rentas Internas 8898 que llena el inversionista extranjero declarando su residencia “de buena fe” en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses como Samoa Americana o Guam.
El mismo incluye preguntas tales como ¿Cuántos días estuvo presente en el territorio de los Estados Unidos? ¿Dónde ubica su residencia permanente? ¿Dónde usted está registrado para votar? ¿De dónde obtuvo la mayor parte de sus ingresos?
Según Bloomberg, los casos que se disponen a radicar serían los primeros desde que en el 2020 se radicaron cargos contra Gabriel Hernández, contador y socio de la firma BDO Puerto Rico, quien fue acusado de cometer fraude electrónico en octubre de 2020.
Hernández fue el segundo arresto de un socio de esa firma de contabilidad en un año, tras la detención de Fernando Scherrer el verano de 2019 por el caso de fraude del que salió convicta la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Los juicios contra Hernández y Scherrer no se han visto todavía. A Hernández lo acusaron de ofrecerse a ayudar a un agente encubierto del IRS a afirmar falsamente que ganó $500,000 en la isla. Hernández se declaró inocente y su caso está pendiente.
El IRS dijo en un comunicado que investiga posibles infracciones penales cuando se justifica. El Departamento de Justicia federal se negó a comentar.
Las investigaciones sobre la residencia de los multimillonarios no son nuevas para las personas que tienen múltiples hogares. Las autoridades fiscales de la ciudad de Nueva York, y en los estados de Nueva York y California han buscado durante mucho tiempo determinar dónde deberían pagar impuestos esos millonarios.
Los ahorros potenciales que reciben en el pago de impuestos en Puerto Rico es lo que ha atraído a cientos de criptoempresarios como Michael Terpin, quien llegó a la isla hace varios años.
«No quería pagar el impuesto sobre las ganancias de capital al IRS por mi Bitcoin», dijo Terpin en mayo en una conferencia sobre criptomonedas en Miami. Puerto Rico es “el único lugar al que puede ir y no tener que pagar su impuesto global sin renunciar a la ciudadanía estadounidense”, dijo.
En una entrevista, Terpin dijo: “Me han dicho que todas las personas van a ser auditadas, y eso está bien. Tomo notas increíblemente precisas. Los hago pasar por un abogado fiscal y un CPA, y tengo dos tenedores de libros. Así que adelante, no tengo miedo de una auditoría”.
La División Internacional y de Grandes Empresas del IRS anunció una campaña en enero de 2021 para identificar a aquellos que “pueden estar declarando erróneamente ingresos de fuente estadounidense como ingresos de fuente de Puerto Rico para evitar los impuestos estadounidenses”, según el sitio web de la agencia.
