La Fortaleza denuncia falta de transparencia en el proceso, mientras la JSF advierte sobre el deterioro acelerado del sistema eléctrico
SAN JUAN, Puerto Rico – La reciente certificación del Plan Fiscal 2025 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) ha generado un fuerte choque con el gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón. La administración denunció que la JSF no compartió el documento antes de su publicación, a pesar de múltiples solicitudes.
“La falta de comunicación por parte de la JSF es totalmente inaceptable”, expresó en un comunicado el secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech. Agregó que el gobierno revisará el plan fiscal y sus proyecciones financieras para determinar si los datos suministrados por los operadores privados del sistema eléctrico son realistas.
Desde la JSF, su director ejecutivo, Robert F. Mujica, Jr., justificó la certificación del plan, señalando que refleja las inversiones necesarias para restaurar el sistema eléctrico en deterioro.
“El sistema está fallando a las familias y empresas, y el Plan Fiscal define el camino hacia un suministro eléctrico más fiable”, afirmó.
Proyecciones económicas y costos en disputa
El Plan Fiscal 2025 refleja que el costo real de operar el sistema eléctrico de Puerto Rico supera por mucho las proyecciones anteriores, debido a su continuo deterioro. Según el documento de la JSF, para el año 2040 los costos de operación del sistema eléctrico aumentarán en más de un 60% en comparación con el plan fiscal de 2023.
Además, el plan detalla que LUMA Energy y Genera PR, los operadores privados del sistema eléctrico, estiman que se necesitará financiamiento federal hasta el año fiscal 2034 para garantizar la reconstrucción, mantenimiento y operación de una red confiable y resiliente. Sin embargo, la JSF advierte que las necesidades no cubiertas oscilan entre $18,000 millones y $24,000 millones.
El plan también establece que los costos de mantenimiento aumentarán más del triple entre los años fiscales 2025 y 2026, y que luego incrementarán otro 43% para el año fiscal 2029. Además, proyecta un alza del 11% en los gastos de combustible y compra de energía en comparación con el plan fiscal de 2023.
En cuanto a la tarifa eléctrica, la JSF reconoce que cualquier ajuste debe ser evaluado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). “El proceso de revisión de tarifas determinará en última instancia la carga financiera que recaerá sobre los contribuyentes”, indicó Mujica.
Plan del gobierno para estabilizar la red eléctrica
La Fortaleza ha señalado que el Plan Fiscal 2025 no tomó en cuenta las políticas energéticas impulsadas por la administración de Jenniffer González Colón, dirigidas a estabilizar la red y reducir costos. Entre las estrategias propuestas se encuentran:
- Extender la vida útil de la unidad de generación más económica de Puerto Rico.
- Convertir las plantas existentes a gas natural licuado (GNL) y desarrollar nuevas instalaciones de GNL.
- Integrar energías renovables solo si resultan económicamente viables y operativamente eficientes.
- Revisar los contratos de alianzas público-privadas para garantizar mejor calidad de servicio.
El gobierno ha insistido en que no se producirán aumentos de tarifas sin la revisión y aprobación del NEPR, el cual realizará su propio análisis independiente sin basarse en el de la JSF.
La confrontación entre el gobierno y la JSF pone en evidencia la incertidumbre sobre el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico, mientras la AEE enfrenta un déficit financiero estructural y la presión por mejorar la confiabilidad del servicio sin afectar el bolsillo de los abonados.
