La reforma del artículo 43 busca garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, pero enfrenta la oposición del PP y una compleja tramitación parlamentaria
Madrid (EFE) – El Gobierno español ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve «constitucional» la propuesta del Ejecutivo de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.
Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere «proteger» el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y «reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional».
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección «frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco».
«No está en riesgo la libertad de las mujeres pero si el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», ha puntualizado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha recordado que el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos.
«Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública en la cartera básica de servicios de la sanidad pública es lo que está en riesgo», ha reiterado la ministra que ha criticado que apenas el 1 % de estas interrupciones se hagan en la sanidad pública madrileña o andaluza.
En Cantabria o Galicia el 60% se realizan en hospitales públicos.
«Está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, dependiendo de dónde residan», ha lamentado tras insistir en que cerca del 80 % de la población española es favorable a este derecho.
Redondo ha explicado que se trata de una reforma por el procedimiento ordinario y que de no superarse la mayoría parlamentaria cualificada, cabría la posibilidad de la configuración de una comisión paritaria Congreso y Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes, en este caso con los dos tercios del congreso y la mayoría absoluta del Senado.
No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
En este sentido ha confiado en que todos los partidos políticos, y también el PP, «estén a la altura» porque los populares «también tienen en sus filas a muchas mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo y deben valorar si se deben a una idea sin mas o a sus mujeres y votantes».
Tras reconocer que la tramitación parlamentaria «se presenta compleja» se ha mostrado convencida de que el PP, como partido de Estado, tendrá presente lo que se juega en esta reforma constitucional.
«Lo importante y por responsabilidad es atajar los riesgos reales de una involución a un derecho que se cuestiona en Madrid, en ayuntamientos o en comunidades como Castilla y León», ha dicho la titular de Igualdad tras recalcar que en Francia «hasta la extrema derecha» votó a favor de blindar el derecho al aborto.
Francia lo incluyó en su Constitución en 2024 y Luxemburgo lo hará este 2026.
La propuesta de reforma del artículo 43 introduce el punto 4 para señalar que: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias».
El texto anterior ha sido modificado tras el dictamen del Consejo de Estado ya que la primera propuesta era «farragosa». Finalmente el punto cuatro es «más ajustado y más claro», ha dicho la ministra, aunque el contenido no cambia.
Redondo ha afirmado que esta reforma constitucional reforzará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconociendo y avalando esa dimensión subjetiva del derecho y de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.
La ley del aborto ha tenido sucesivas modificaciones desde que se regulara por primera vez en 1985. La última reforma fue en 2023 con el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y supuso acabar con la necesidad del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
