El Proyecto 923 busca redefinir el asesinato para castigar la terminación del embarazo con hasta 99 años de cárcel
SAN JUAN (EFE) – El Gobierno de Puerto Rico, liderado por la gobernadora Jenniffer González, ha presentado una medida para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido, lo que los opositores denunciaron este martes que criminaliza el aborto.
El proyecto del Senado 923, presentado por la gobernadora y rubricado por la mayoría legislativa del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico que define ‘asesinato’, para redefinir ‘ser humano’ como el ‘concebido en cualquier etapa de gestación’.
Las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado expresaron su «contundente» rechazo a la propuesta de la gobernadora y su intención de «ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos».
«La gobernadora y sus legisladores nos quieren obligar a un retroceso de décadas en la lucha de las mujeres por sus derechos. No les corresponde a ellos intervenir con el aspecto más íntimo de la vida de una mujer, amenazándola con penas de hasta 99 años de cárcel», sostuvo en un comunicado la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago.
Por otro lado, Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, aseguró que el proyecto constituye «una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico».
«Es contrario al Estado de derecho y pone en riesgo el derecho a la vida y seguridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Resulta evidente que el proyecto se formuló desde una óptica que no toma en cuenta la jurisprudencia vigente, y mucho menos su impacto en escenarios diversos», denunció.
A su juicio, «le corresponde al país reflexionar sobre algunos de esos escenarios y ponerse en los zapatos de quienes los viven: ¿qué ocurriría en casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y su acceso a una terminación de embarazo?».
«¿Dónde queda el derecho a la salud y el deber de los profesionales de la medicina de actuar en situaciones de riesgo -o recomendar un curso de acción- conforme a su criterio clínico, y no bajo la amenaza de cárcel? La respuesta a estos y muchos otros escenarios no puede ser la criminalización», cuestionó Martínez.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos hasta ahora han fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
A finales del año pasado, la gobernadora firmó una ley que reconoce al no nacido como persona natural, lo que el PIP y ACLU también denunciaron que era un primer paso para ilegalizar el aborto.
Esta ley fue aprobada pese a que más de 320 médicos y profesionales de la salud habían rechazado el proyecto por considerarlo «un riesgo para la vida de mujeres y personas gestantes» al retrasar decisiones médicas urgentes.
