Lima (EFE) – El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, afirmó este sábado que el allanamiento del domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, y del Palacio de Gobierno como parte de una investigación fiscal preliminar, muestra el resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad.
«Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad», afirmó Arana junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Arana detalló que más de 20 policías y 20 fiscales se presentaron en el domicilio de Boluarte y en el Palacio de Gobierno durante el allanamiento y que este responde a una «medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal».
El ministro dijo que se había dado un uso indebido de la Justicia por parte del Poder Judicial y la Fiscalía.
Cerca de la medianoche del viernes, un equipo de fiscales y agentes policiales allanó durante cinco horas el domicilio de Boluarte, y a continuación, ya en la madrugada del sábado, hicieron lo mismo en el Palacio de Gobierno, como parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la mandataria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Adrianzén, también afirmó que es «inconstitucional y desproporcionado» el allanamiento y desminitió que la mandataria fuera a renunciar.
Dijo que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta por la presunta comisión de los delitos que se están investigando.
«Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales», indicó Adrianzén poco antes en la red social X.
Agregó que Boluarte brindará declaraciones a la Fiscalía cuando se la convoque y señaló que la mandataria había pedido una reprogramación y, «extrañamente, no se la aceptaron», pero que sigue colaborando con la investigación.
Además, señaló que los ministros del gabinete expresan su solidaridad con la presidenta y rechazan «enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia».
Concluyó con un llamado a las fuerzas políticas y sociales «a vigilar el orden constitucional».
«La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada», declaró.
La casa de Boluarte fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Los fiscales realizaron la operación con fines de registro e incautación de los relojes de lujo que, según mostraron medios locales, Boluarte usó en diferentes actividades públicas y supuestamente no ha declarado como parte de su patrimonio.
Y cinco horas después, en la madrugada del sábado también allanaron el Palacio de Gobierno, donde todavía permanecen.
