San Juan (EFE) – El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunciaron este sábado que acordaron la implementación parcial de la Ley 80-2020, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.
Esta ley beneficiará a cerca de 1,240 empleados públicos de las leyes 1 y 447, cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos, según el comunicado de Fortaleza.
Así lo informaron el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez.
Estos empleados elegibles podrán retirarse con un 50% de su retribución anual más alta de los últimos tres años al momento de acogerse.
Además de su pensión vitalicia, recibirán 100 dólares de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas.
El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024.
«Una vez más cumplimos nuestro compromiso al demostrar la viabilidad de la implementación parcial de la Ley para que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno tras dar los mejores años de su vida al servicio del pueblo de Puerto Rico», sostuvo el gobernador.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro explicó que el acuerdo plasmado en la estipulación radicada requiere la aprobación final del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación.
«Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado», agregó.
Previo al acuerdo, las agencias afirmaron y certificaron que la eliminación de los puestos no esenciales no tendría impacto adverso en los servicios al pueblo y que los mismos no serán reemplazados, recreados o reestructurados en un futuro, ya que de esta forma es que se garantizan los ahorros proyectados.
