San Juan, 26 nov (EFEUSA) – El fin de las peleas de gallos en Puerto Rico el próximo día 21 de diciembre, tal y como establece la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) de Estados Unidos, supondrá un duro revés para la economía de la isla y, sobre todo, para una práctica ligada a la cultura local desde hace siglos.
El vicepresidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Juan Rivera, dijo a Efe que 27,000 familias se verán afectadas por la prohibición, lo que significa otro revés para una economía en declive desde hace más de una década a la que las peleas de gallos contribuyen anualmente con cerca de $80 millones de dólares.
Una ley que se considera ajena por el sector por haber sido aprobada en el Congreso estadounidense, en Washington, capital del país al que Puerto Rico está ligado como un Estado Libre Asociado, pondrá, al menos sobre el papel, el fin a un elemento de la cultura local que se remonta a la época de la colonia española.
«Son cerca de 27,000 los empleos que se perderán, entre directos e indirectos», sostuvo el vicepresidente de la asociación, para quien, en cualquier caso, las peleas de gallos no acabarán en la isla caribeña por mucho que lo establezca una normativa de Estados Unidos.
«Creen que con esta ley se van a prohibir las peleas de gallos, pero se harán clandestinamente», dijo Rivera, tras reconocer que, de hecho, desde hace años, se lleva a cabo en algunos puntos de Puerto Rico esta actividad de forma ilícita.
La Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill), una normativa que tiene como objetivo ayudar a los agricultores de Estados Unidos, incluyó en el último momento antes de su aprobación un anexo para Puerto Rico que establece la prohibición de las peleas de gallos en la isla, algo que antes sólo afectaba a Estados Unidos.
Rivera explicó que cuando se aprobó justo hace un año la ley fue introducida una enmienda que acababa con las peleas de gallos en la isla, iniciativa que se realizó, según su opinión, sin llevarse a cabo los procesos legislativos que procedían.
La Sección 12626 de dicho estatuto federal es la que específicamente prohíbe las peleas de gallos en Puerto Rico.
«Fue frustrante ver cómo se manejó el asunto», dijo, tras lamentar cómo fue tratado el asunto desde Washington.
«El 21 de diciembre nos convertiremos en criminales», sostuvo, después de aclarar de que no se tirará la toalla y se seguirá trabajando para mantener esta tradición que supone un pilar fundamental para la economía local y la cultura de la isla.
El Club Gallístico de Puerto Rico, el principal centro de peleas en la isla y referente internacional, interpuso en octubre una demanda en la que se alegaba que la ley sobre prohibición de peleas de gallos excedía los poderes del Congreso de EE.UU., violaba la cláusula de comercio interestatal y era localmente inaplicable al ir en contra de la relación federal de Puerto Rico con los Estados Unidos.
El juez federal Gustavo Gelpí no le dio paso a una demanda que pretendía que si era rechazada, en lo que se recurría al tribunal de apelaciones, se detuviera la entrada en vigor de la ley.
El Senado de Puerto Rico urgió el pasado día 14 a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, y a la representante de la isla ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, a que realizaran todas las gestiones pertinentes para que el Congreso en Washington legisle y provea un periodo de transición de 5 años como moratoria en la aplicación a Puerto Rico de las disposiciones de la Ley Agrícola de 2018 que prohíbe las peleas de gallos.
La pasada semana, el Legislativo puertorriqueño aprobó el proyecto de la Cámara de Representantes local 2330, que mantiene la regulación a nivel puertorriqueño de la industria de las peleas de gallos, que, según el espíritu de la norma, no contravendría la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) estadounidense.
Esta iniciativa con un valor testimonial -al la ley puertorriqueña quedar supeditada a la federal estadounidense en caso de conflicto-, sin embargo, dejó fuera una enmienda que buscaba prohibir que las autoridades policiales de la isla intervinieran en operativos federales estadounidenses para hacer cumplir la prohibición de las peleas de gallos.
El vicepresidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea advirtió de que el final de esta práctica en Puerto Rico supondrá un desastre económico, ya que hay más de 500 negocios en la isla relacionados con las peleas de gallos que se verán obligados a reducir su actividad o, incluso, cerrar.
«Se perderán muchos empleos», advirtió Rivera, tras recordar que las peleas de gallos significan un modo de vida y una seña de identidad para Puerto Rico.
En la isla hay más de 80 galleras repartidas por toda su geografía y aproximadamente 1 millón de estas aves.
