Tegucigalpa, 5 jul (EFE) – El fallo condenatorio emitido este lunes contra el hondureño Roberto David Castillo por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres es «una victoria de los pueblos», afirmó su familia, que exigió la cancelación de la concesión de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la defensora.
El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
La condena significa que «las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos», indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La causa Berta Cáceres «no termina» con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina «firmemente» a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
CANCELAR CONCESIÓN
Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en «su ilegal y corrupta concesión».
Exigen, además, el desmantelamiento de «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
FALLO HISTÓRICO
El Ministerio Público de Honduras tildó de «histórico» el fallo de culpabilidad contra Castillo, quien según las pruebas presentadas en el juicio «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca».
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que el caso por el asesinato de Berta Cáceres «no está cerrado» y los fiscales continúan buscando «a más autores intelectuales».
«Estamos satisfechos (con la resolución) porque obviamente presentamos toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de (Roberto) David Castillo», subrayó Mora, quien indicó que el organismo hondureño podría presentar nuevos requerimientos fiscales en este caso.
La sentencia contra el imputado evidencia «la importancia de apoyar a los operadores de justicia para que actúen con independencia y con los recursos necesarios», dijo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El fallo es un «paso importante», subrayó la ASJ, que es capítulo de Transparencia Internacional en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Señaló que continuará vigilante del proceso de investigación y judicialización del caso, exigiendo que los demás autores intelectuales del asesinato sean presentados ante la justicia.
Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor).
