El descalabro de la colonia

La crisis económica, la Junta de Control Fiscal y el desgaste de las fórmulas territoriales evidencian los límites del modelo colonial en Puerto Rico

Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho

Hay una pregunta que deberíamos hacernos con honestidad, sin consignas, sin miedo y sin los reflejos automáticos de la política partidista: ¿algún gobierno reciente ha dejado a Puerto Rico mejor de lo que lo encontró?

La pregunta duele porque, cuando uno mira hacia atrás con memoria histórica, parece que cada administración ha recibido un país deteriorado y lo ha entregado en peores condiciones. No se trata de una impresión pasajera ni de una queja emocional. Está documentado en los periódicos, en las noticias, en los informes públicos, en los videos, en las redes sociales y, sobre todo, en la vida diaria de la gente.

El problema de fondo es que Puerto Rico no atraviesa una crisis ordinaria de mala administración. Lo que vivimos es el agotamiento de la colonia. Esa es la premisa que hay que poner sobre la mesa desde el principio, porque si no se reconoce, todo análisis se queda en la superficie.

La corrupción, la pobreza, el deterioro de los servicios, el colapso de la infraestructura, la emigración, la dependencia económica, la deuda pública, la Junta de Control Fiscal y el saqueo presupuestario no son fenómenos aislados. Son manifestaciones de un mismo problema histórico: el régimen colonial llegó al final de sus posibilidades.

Puerto Rico fue, desde 1898, un territorio crudo y duro de Estados Unidos. Esa realidad no cambió sustancialmente con la Constitución de 1952 ni con la creación del llamado Estado Libre Asociado. Lo que se aprobó entonces fue una fórmula política montada sobre una metáfora: se nos dijo que éramos un “estado”, que éramos “libres” y que estábamos “asociados” mediante un pacto.

Esa narrativa sirvió para consumo local e internacional, pero no alteró la estructura fundamental del poder. La soberanía continuó en manos del Congreso de Estados Unidos.

La creación del Estado Libre Asociado tuvo motivaciones concretas. La lucha independentista, tanto del Partido Independentista Puertorriqueño como del Partido Nacionalista, había puesto el problema colonial de Puerto Rico ante la comunidad internacional. Estados Unidos enfrentaba presión, particularmente en el contexto de las Naciones Unidas, para justificar por qué mantenía una colonia en el Caribe después de la Segunda Guerra Mundial y en plena época de discursos sobre democracia y autodeterminación.

La solución fue vestir la colonia con un traje constitucional. Se creó una apariencia de gobierno propio para decirle al mundo que Puerto Rico ya no era una colonia tradicional.

Pero debajo de esa ropa nueva seguía el mismo cuerpo viejo. Las leyes federales continuaron aplicando. Los tribunales federales siguieron operando. La Constitución de Estados Unidos siguió imponiendo límites.

El Congreso conservó su poder plenario sobre el territorio. Lo que cambió fue la institucionalidad local: se permitió elegir gobernantes mediante procedimientos técnicamente democráticos. La gente podía inscribirse, votar, contar votos y escoger funcionarios. Sin embargo, esos funcionarios electos gobernaban dentro de un marco estrecho, subordinado y dependiente.

Ese pequeño espacio de acción permitió que se desarrollara una clase política colonial intermediaria. Esa clase no tenía soberanía para definir el futuro del país, pero sí podía administrar prioridades presupuestarias, repartir recursos, manejar agencias, diseñar algunos programas locales y mantener la ilusión de que existía un proyecto propio.

Su función histórica fue intermediar entre el capital extranjero, los recursos naturales del país y la fuerza trabajadora puertorriqueña. Puerto Rico se convirtió en una plataforma para que empresas estadounidenses se beneficiaran de incentivos contributivos, bajos costos, acceso al mercado y una población disponible para el trabajo.

Durante un tiempo, ese modelo produjo ciertos indicadores de progreso. Hubo industrialización, urbanización, aumento del consumo, expansión educativa, construcción de infraestructura y movilidad social para sectores importantes de la población.

Eso no debe negarse, porque la crítica seria no se construye borrando los datos incómodos. Pero ese crecimiento estaba montado sobre bases frágiles. No era un desarrollo soberano, diversificado y autosostenible. Era una economía de enclave, dependiente de decisiones tomadas fuera de Puerto Rico y sostenida por incentivos federales que podían desaparecer cuando Estados Unidos decidiera mirar hacia otro lado.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Cuando Estados Unidos entendió que ya no tenía el mismo costo político internacional por mantener la colonia, comenzó a retirar piezas fundamentales del andamiaje económico.

La eliminación gradual de la sección 936 fue un golpe mortal para la economía de intermediación que sostenía al Estado Libre Asociado. Puerto Rico perdió una herramienta central de atracción de capital, pero no ganó soberanía para sustituirla por otro modelo. Se quedó sin el viejo motor y sin poder construir uno nuevo. Ahí comenzó a revelarse con crudeza que el llamado pacto no era pacto, sino permiso revocable.

La colonia colapsó económicamente porque un enclave colonial convertido en paraíso fiscal no recauda lo suficiente para sostener un Estado funcional. Esa es una verdad que rara vez se discute con la claridad necesaria.

Puerto Rico renuncia todos los años a miles de millones de dólares en ingresos contributivos mediante exenciones, privilegios, decretos e incentivos diseñados para atraer capital externo. Si el gobierno deja de recibir una cantidad enorme de recursos por mantener ese modelo, luego no puede sorprenderse de que no tenga dinero suficiente para operar bien las escuelas, los hospitales, las carreteras, la universidad, la seguridad pública, los sistemas de retiro y la infraestructura básica.

El colapso no fue repentino. Desde el 2005 era evidente que Puerto Rico entraba en una caída prolongada. Se acabó el crecimiento, aumentó la deuda, se sostuvo artificialmente el gasto público mediante emisiones de bonos, se escondieron déficits, se maquillaron presupuestos y se mantuvo viva la ficción de que el país podía seguir igual. Pero la colonia ya no tenía respiración propia. Vivía de deuda, de fondos federales, de exenciones contributivas y de una clase política que prometía programas de gobierno que sabía que no podía cumplir.

Cuando la crisis llegó al punto de no retorno, el Congreso no respondió con una solución democrática. No atendió el problema colonial. No ofreció un proceso serio de autodeterminación. No aprobó un rescate que preservara la capacidad institucional del país. No fortaleció el autogobierno. Hizo lo contrario: aprobó la Ley PROMESA e impuso una Junta de Control Fiscal. Con eso destruyó el poco espacio de gobernanza territorial que el Estado Libre Asociado había conservado desde 1952.

La Junta de Control Fiscal representa el regreso abierto a una forma de gobierno colonial directa. No es exageración. En la práctica, los miembros de la Junta son quienes deciden el plan fiscal, quienes certifican el presupuesto y quienes condicionan las políticas públicas más importantes. No los vemos todos los días en conferencias de prensa. No hacen campaña. No piden votos. No rinden cuentas al pueblo. Pero mandan. Y mandan precisamente en el terreno donde la clase política local antes podía fingir que gobernaba: el presupuesto.

Al controlar el plan fiscal y el presupuesto, la Junta le robó a la clase política colonial su último instrumento de legitimación. Antes, los partidos podían prometer programas, asignar fondos, inaugurar obras, repartir beneficios y presentarse como administradores de un proyecto de país, aunque todo estuviera limitado por el marco colonial. Después de PROMESA, ese margen quedó prácticamente cerrado.

El gobierno electo puede hablar, puede anunciar, puede hacer conferencias, puede culpar a otros, pero en los asuntos estructurales está atado. La Junta condiciona, bloquea, modifica o impone.

Ese cierre del espacio político tuvo una consecuencia devastadora. Si la clase gobernante ya no puede ofrecer un proyecto económico, social o institucional creíble, entonces el poder deja de ser un medio para gobernar y se convierte casi exclusivamente en un botín. No es que antes no hubiera corrupción. Siempre la hubo. No es que antes no existiera el interés individual de sectores de la clase política por lucrarse de las migajas de la intermediación colonial.

Claro que existía. Pero había más pudor, más cuidado y cierto temor a que las agencias de persecución criminal, particularmente las federales, intervinieran si el saqueo se hacía demasiado evidente.

Ahora ese pudor se ha perdido. La política colonial entró en una fase de descaro. Como ya no hay proyecto de país, como ya no hay espacio real para una gobernanza transformadora, como todo está condicionado por la Junta, por los acreedores, por los intereses del capital y por el marco federal, la clase política parece haber concluido que el objetivo principal de ocupar el poder es repartir contratos, favorecer donantes, controlar agencias, manipular reglamentos, capturar presupuestos y proteger redes de influencia. El gobierno se convierte en una maquinaria de extracción.

Este fenómeno se agrava en el contexto de la política trumpista. La presidencia de Donald Trump ha normalizado una visión del poder donde las reglas importan menos que la conveniencia personal, la lealtad al grupo y el beneficio económico de una claque cercana al poder. Ya no se trata siquiera de una defensa general de la clase empresarial.

Se trata de beneficiar a círculos específicos, billonarios, contratistas, donantes y operadores políticos. Ese modelo de desprecio por la institucionalidad tiene su reflejo local en Puerto Rico.

En Puerto Rico vemos cada vez más funcionarios que actúan con un menosprecio grave por la institucionalidad mínima. Y cuando hablo de institucionalidad mínima no hablo de teorías abstractas. Hablo de cumplir leyes y reglamentos.

Hablo de aplicar normas de manera imparcial. Hablo de no legislar para beneficiar a un grupo particular. Hablo de mantener distancia entre el capital político y la gestión pública. Hablo de separar el partido de gobierno del aparato gubernamental. Hablo de impedir que los donantes, contratistas y operadores electorales conviertan el presupuesto público en un negocio privado.

Cuando esas barreras se rompen, el gobierno deja de servir al país y empieza a servirse del país. Entonces aparecen las llamadas, las presiones, las movidas, las fichas colocadas estratégicamente para lograr contratos, favores, nombramientos y ventajas.

Se desarrolla una economía política donde apoyar al partido correcto, donar al comité correcto o tener acceso a la figura correcta vale más que la capacidad, la legalidad o el interés público. Esa es la señal más clara del descalabro colonial: ya ni siquiera se guarda la apariencia de neutralidad institucional.

Al mismo tiempo, la política electoral se vació de contenido programático. Durante décadas, los partidos hablaban de programas. Podían ser insuficientes, contradictorios o imposibles, pero había una disputa sobre proyectos.

El Partido Nuevo Progresista vendía la estadidad como instrumento de igualdad económica. El Partido Popular Democrático defendía el Estado Libre Asociado como espacio de autonomía. Había promesas de desarrollo, justicia social, infraestructura, empleo, educación y servicios. Hoy el debate público se ha reducido al miedo, al insulto y a la manipulación.

El discurso del miedo no es nuevo. Luis A. Ferré acusaba a Rafael Hernández Colón de vínculos con Cuba y usaba el anticomunismo como arma electoral. El cuco de la izquierda ha sido una herramienta recurrente de la política puertorriqueña.

Pero en los últimos años ese recurso se ha intensificado porque los partidos tradicionales tienen cada vez menos que ofrecer. Cuando no hay programa, se fabrica miedo. Cuando no hay soluciones, se inventan enemigos. Cuando no hay futuro, se agita el fantasma de Cuba, Venezuela, el comunismo o cualquier consigna que sirva para impedir que la gente piense en el verdadero fracaso del régimen colonial.

A eso se suma el deterioro de la institucionalidad electoral. Cuando un partido entiende que ya no necesita convencer mediante ideas, busca ganar mediante reglas amañadas, control de estructuras, manipulación del proceso y debilitamiento de garantías democráticas. Entonces el poder no se alcanza para ejecutar un programa de país, sino para controlar el presupuesto y distribuirlo entre aliados. La democracia se convierte en trámite. El gobierno se convierte en botín. La colonia se convierte en una subasta.

La Junta de Control Fiscal no corrigió esa realidad. Al contrario, la propició. Uno de los grandes engaños con los que se justificó PROMESA fue que la Junta vendría a poner en cintura a la clase política de Puerto Rico. Se nos dijo que llegaban los adultos a supervisar a los irresponsables. Pero la Junta no ha resuelto la corrupción.

No ha impedido el uso indebido del presupuesto. No ha enfrentado seriamente el problema del inversionismo político. No ha desmantelado las redes de contratismo. No ha democratizado la administración pública. Su función real no ha sido moralizar el gobierno, sino imponer un proyecto económico neoliberal.

Ese proyecto está escrito en la lógica de PROMESA. La Junta vino a garantizar reformas fiscales permanentes que facilitaran el libre flujo de capital entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso, dicho en términos sencillos, es neoliberalismo colonial. Es abrir espacios al capital externo, reducir protecciones, privatizar servicios, limitar derechos laborales, debilitar lo público, imponer austeridad y usar el pago de la deuda como excusa para reordenar el país en beneficio de acreedores, contratistas y sectores privilegiados. El pueblo paga el ajuste. El capital captura las oportunidades.

La desregulación es parte esencial de ese proceso. Y donde aumenta la desregulación, aumenta la corrupción. Cuando se debilitan controles, cuando se flexibilizan procesos, cuando se privatizan funciones públicas, cuando se entregan servicios esenciales a operadores privados y cuando se reduce la capacidad fiscalizadora del Estado, se abre la puerta al saqueo. La Junta ha contribuido a la pérdida de institucionalidad porque su prioridad no ha sido construir un gobierno democrático y responsable, sino garantizar condiciones favorables al capital.

Por eso la colonia no solo agotó sus posibilidades económicas. También agotó sus posibilidades políticas, sociales y morales. El deterioro se ve en los grandes indicadores, pero también se ve en la carretera. Basta salir a los campos de Puerto Rico para ver la pobreza que muchos discursos oficiales esconden.

Casas despintadas, estructuras a medio construir, carros abandonados, negocios cerrados, antiguos lugares de turismo interno convertidos en ruinas, carreteras vacías los domingos porque muchas familias ya no tienen capacidad económica para salir a almorzar o cenar. Esa es la colonia real, no la del anuncio turístico.

Mientras algunos viven como si Puerto Rico fuera una vitrina europea, la realidad profunda del país es otra. Una parte enorme de la población depende de ayudas federales para subsistir. La pobreza infantil sigue siendo escandalosa. La desigualdad se normaliza.

Los jóvenes se van porque no ven futuro. Los viejos temen por sus pensiones, sus medicinas y sus servicios. Las familias trabajadoras sienten que trabajan más para vivir peor. Y todavía hay quienes pretenden explicar todo eso como si fuera simplemente mala suerte o mala administración.

No. Esto es el resultado histórico de un modelo colonial que ya no puede ofrecer crecimiento, movilidad ni estabilidad. Y mientras Puerto Rico no pueda autogestionar un proyecto económico, político y social propio, el deterioro continuará. La colonia no tiene incentivos internos para corregirse.

La clase política no tiene poder real para transformar el país, pero sí tiene acceso suficiente para enriquecerse, repartir contratos y sostenerse electoralmente. Esa combinación es venenosa: poco poder para hacer el bien, suficiente poder para hacer daño.

Frente a ese cuadro, el proyecto unitario del Partido Nuevo Progresista sigue siendo la estadidad mediante el desplazamiento. Durante décadas se le ha dicho al pueblo que la estadidad traerá igualdad, que la igualdad traerá fondos, que los fondos resolverán la pobreza y que Puerto Rico será tratado como cualquier otro estado. Pero esa promesa choca cada vez más con la realidad política de Estados Unidos.

El trumpismo ha dejado claro que sectores poderosos del Partido Republicano no tienen interés alguno en admitir a Puerto Rico como estado. Ven la estadidad como una amenaza partidista, racial, cultural y electoral. Por eso, como discutí en mi columna anterior, para los estadistas, el único camino hacia la estadidad es el desplazamiento del pueblo puertorriqueño.

Por otro lado, Donald Trump y los republicanos trumpistas han presentado la admisión de Puerto Rico y Washington, Distrito de Columbia, como una jugada de los demócratas para alterar el balance del Senado, de la Corte Suprema y del poder federal. Ese discurso no es menor.

Revela que Puerto Rico no es visto como una comunidad con derecho a la igualdad democrática, sino como una ficha en la guerra interna de Estados Unidos. Para esos sectores, admitir a Puerto Rico no es reparar una injusticia colonial, sino entregar poder político a un país latino, caribeño y empobrecido. Esa es la realidad que el discurso estadista local no quiere mirar de frente.

Por eso resulta ilusorio pensar que una gobernadora republicana trumpista pueda subir las escalinatas del Capitolio federal y convencer a un Congreso polarizado de convertir a Puerto Rico en estado. Con los republicanos, la oportunidad es prácticamente cero. Con los demócratas, el asunto tampoco depende de justicia abstracta, sino de cálculo político.

Además, la deuda federal, la crisis económica estadounidense, la pérdida de hegemonía global de Estados Unidos y el racismo estructural que atraviesa su política militan contra la admisión de Puerto Rico. La estadidad, vendida durante décadas como destino inevitable, aparece hoy como una promesa cada vez más remota.

Del otro lado está el Partido Popular Democrático y su idea de refundar el Estado Libre Asociado. Ese proyecto también está condenado al fracaso. El Estado Libre Asociado de 1952 no puede regresar porque las condiciones históricas que lo hicieron posible desaparecieron. Ya no existe la misma presión internacional. Ya no existe el mismo modelo económico. Ya no existe la misma capacidad fiscal.

Ya no existe el mismo margen presupuestario. Y, sobre todo, existe PROMESA. La Junta de Control Fiscal no es un accidente pasajero dentro del viejo Estado Libre Asociado. Es la prueba de que ese modelo fue desmantelado desde adentro.

PROMESA tiene una trampa estructural. La salida de la Junta depende, en gran medida, de condiciones que la propia Junta, a su discreción irrevisable, controla o certifica. Además, nadie que tiene poder, salarios, influencia, acceso a información privilegiada y capacidad de dirigir un país se desprende voluntariamente de esas atribuciones si no existe presión política real para obligarlo. Pensar que la Junta simplemente se irá porque ya cumplió su misión es ingenuidad. Los poderes coloniales no se abandonan por cortesía. Se pierden por lucha política.

Así que la refundación popular no tiene base real. No se puede refundar una colonia agotada. No se puede reconstruir el Estado Libre Asociado como si PROMESA no hubiera ocurrido. No se puede regresar a 1952, ni a 1970, ni a la época en que la clase política local podía moverse dentro de un pequeño espacio presupuestario y vender eso como autonomía. Ese espacio fue ocupado por la Junta. La máscara se cayó. El pacto quedó desmentido. El país vio quién manda cuando llega la crisis.

Ante el fracaso de la estadidad y la imposibilidad de refundar el Estado Libre Asociado, solo queda una ruta seria: la soberanía de Puerto Rico. No como consigna vacía, no como romanticismo, no como gesto simbólico, sino como condición necesaria para construir un proyecto político, económico y social propio. La soberanía no resuelve automáticamente todos los problemas. Nadie serio debe presentarla como una varita mágica. Pero sin soberanía no hay herramientas suficientes para resolverlos. No se puede planificar un país si otro tiene la última palabra.

La soberanía permitiría diseñar una política económica propia, negociar relaciones internacionales, proteger sectores productivos, reformar el sistema contributivo, controlar recursos naturales, atender la deuda desde una perspectiva nacional, fortalecer instituciones, combatir la corrupción con responsabilidad democrática y construir un modelo de desarrollo ajustado a nuestras necesidades. Eso no significa aislamiento. Significa capacidad de decidir. Significa dejar de ser objeto de decisiones ajenas para convertirnos en sujeto de nuestra propia historia.

Pero para llegar ahí hace falta algo más que diagnóstico. No podemos quedarnos eternamente en la queja. La queja puede ser necesaria para nombrar el abuso, pero si se convierte en costumbre, paraliza. Puerto Rico necesita acción política, organización, conciencia, presión social y solidaridad entre luchas. Hay que apoyar toda gestión que ayude a despertar conciencia, especialmente entre los jóvenes que miran el país y se preguntan si tendrán futuro aquí. No todo esfuerzo será perfecto. No toda manifestación será como uno la habría diseñado. Pero todo acto de conciencia contra el régimen colonial tiene valor.

Para tomar el poder, primero hay que tomar conciencia. Esa frase resume una tarea histórica. Las luchas ambientales, las luchas de las mujeres, las luchas de la comunidad gay, las luchas contra la violencia doméstica, las luchas por vivienda, por educación, por pensiones, por energía, por salud, por derechos laborales y por justicia social tienen un sustrato descolonizador aunque no siempre se nombren así. Todas enfrentan, de una forma u otra, un régimen que concentra poder fuera del pueblo, debilita lo público, facilita el saqueo y convierte derechos en mercancía.

Por eso hay que mirar esas luchas como partes de un mismo movimiento histórico. Cuando una comunidad defiende su playa frente al capital privado, está enfrentando la colonia. Cuando una mujer exige protección frente a la violencia machista en un sistema público deteriorado, está enfrentando la colonia.

Cuando los jóvenes reclaman vivienda asequible frente al desplazamiento, están enfrentando la colonia. Cuando los trabajadores defienden sus derechos frente a la austeridad, están enfrentando la colonia. Cuando los pensionados reclaman seguridad, están enfrentando la colonia. La descolonización no es un tema separado de la vida diaria. Es la condición para reorganizarla con justicia.

La conclusión es dura, pero necesaria. La colonia se descalabró. Ya no puede prometer prosperidad. Ya no puede garantizar democracia. Ya no puede sostener servicios esenciales. Ya no puede ocultar la pobreza. Ya no puede ofrecer igualdad mediante la estadidad ni autonomía mediante el Estado Libre Asociado. Lo que queda es una administración cada vez más descarada del deterioro, una clase política cada vez más inclinada al reparto y una Junta que consolida el poder del capital bajo el lenguaje técnico de la disciplina fiscal.

Pero precisamente porque el descalabro es tan evidente, también se abre una oportunidad. Cuando las ficciones se caen, la verdad se vuelve más visible. Puerto Rico tiene que decidir si seguirá administrando su ruina colonial o si comenzará a construir una ruta de soberanía, justicia y dignidad. Esa decisión no la tomarán por nosotros ni Washington, ni la Junta, ni los partidos agotados. Tendrá que tomarla el país mediante conciencia, organización y presión democrática.

El futuro no saldrá de la nostalgia por un Estado Libre Asociado que ya no existe. Tampoco saldrá de una estadidad que Estados Unidos no quiere conceder y que, aun si se discutiera, nos trataría como ficha de su guerra partidista interna. El futuro solo puede salir de un pueblo que entienda que la colonia no se reforma: se supera. Y para superarla hay que dejar de pedir permiso para vivir, producir, gobernar y decidir como país.

El descalabro de la colonia no debe llevarnos a la resignación. Debe llevarnos a la acción. Porque cuando un modelo político se agota, la peor respuesta es maquillarlo. La tarea histórica es sustituirlo.