Domingo Torres pidió investigar si multas y denegatorias contra una empresa privada respondieron a represalias personales y abuso de poder
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE)
El representante y portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo J. Torres, presentó un referido formal al Departamento de Justicia solicitando una investigación urgente contra funcionarias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Se trata de la excomisionada de la OCIF, Natalia Zequeira, y la actual comisionada de la agencia, Mónica Rodríguez Villa, por un alegado esquema de actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.
El referido surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres, «revela un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales.»
Uno de los elementos más alarmante del referido es un intercambio de mensajes atribuido a Zequeira, donde una allegada le solicita que al momento de imponer una multa añadiera un ‘Croqueta Fee’ y un ‘Cabrón Fee’ contra el empresario Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental.
Según se desprende de la declaración jurada, el ‘Croqueta Fee’, surge de una comunicación vía mensaje de texto enviada a Zequeira por su amiga íntima, Natalia Castiel.
Castiel, quien acababa de terminar una relación sentimental con el gerente de la empresa afectada, le sugirió a la entonces comisionada que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a la entidad, inventara e impusiera este cargo arbitrario junto a otros epítetos insultantes.
Lo que comenzó como un comentario de desprecio entre amigas, presuntamente se materializó en una persecución institucional que resultó en multas reales de miles de dólares.
Según el documento sometido a Justicia, la conversación incluye expresiones como: «No sé cuánto tiempo te quedas, pero cuando vayas a multar le añadas ‘Croqueta Fee’ y ‘Cabrón Fee».
A este mensaje, alegadamente la entonces funcionaria respondió: «Que se vaya a coger x el culo? Yo lo mataría x ti. But he deserves a long and painful death».
«Estas expresiones son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público. Más grave aún cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico», expresó Torres.
El legislador sostuvo que luego de esos mensajes, la OCIF comenzó una serie de actuaciones contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental que incluyeron multas de decenas y cientos de miles de dólares, así como denegatorias de licencias.
Además, bajo la administración de la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa, quien fungía como subcomisionada bajo Zequeira, continuó supuestamente el patrón de hostigamiento regulatorio contra la empresa.
«El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y ley o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘Croqueta Fee’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir», añadió el representante.
El referido solicita a Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales y la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF.
También pide un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.
