Doña Ramona Cruz Sanabria, su esposo y dos hermanos con diversidad funcional deberán abandonar su casa el 10 de febrero por orden del Tribunal
AGUADILLA, Puerto Rico – A sus más de 70 años, doña Ramona Cruz Sanabria enfrenta una de las decisiones más devastadoras de su vida: una orden judicial que le exige abandonar su hogar en menos de un mes, junto a su esposo y dos hermanos con diversidad funcional, dejándolos en riesgo inminente de quedar en la calle.
La determinación fue emitida por el juez superior Miguel Trabal Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia, quien ordenó el lanzamiento del desahucio efectivo el próximo 10 de febrero. La acción legal fue solicitada por la corporación Playa India S.E., representada por los licenciados Carlos Añeses Méndez y Víctor Añeses Méndez.
Al recibir la notificación, doña Ramona reaccionó entre lágrimas, sostenida por uno de sus hijos dentro de la vivienda que ha sido su refugio por años. “Mi corazón está destrozado, sin fuerzas. No tenemos a dónde ir.” expresó visiblemente afectada, mientras familiares intentaban consolarla.
La situación ha provocado la reacción de organizaciones comunitarias y de defensa legal. Suzette Quirós, portavoz del colectivo Salvemos a Playuela, denunció que la corporación demandante insiste en ejercer su poder legal aun con pleno conocimiento de la precariedad económica y las condiciones de salud de los residentes. Según indicó, el desahucio representa un acto de despojo contra personas vulnerables que no cuentan con alternativas de vivienda.
Desde el núcleo familiar, la angustia es compartida. Ivette, hija de doña Ramona, advirtió sobre el impacto emocional que la situación ha tenido en su madre y el temor real de que ocurra una tragedia. Señaló que la familia no solo perdería su techo, sino que también quedarían desamparados junto a sus animales, sin recursos inmediatos ni un lugar seguro al cual trasladarse.
La licenciada Ariadna M. Godreau-Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, calificó el caso como un reflejo crudo de la crisis de vivienda que atraviesa el país. Afirmó que el proceso judicial evidencia cómo el interés lucrativo continúa imponiéndose sobre el derecho a un hogar digno, dejando a miles de familias expuestas a la pérdida de sus residencias sin protecciones reales.
Mientras se acerca la fecha límite impuesta por el tribunal, organizaciones comunitarias aseguran que continuarán acompañando a la familia y denunciando públicamente lo que consideran un abuso institucional. Para Quirós, el caso de doña Ramona no es un hecho aislado, sino parte de una realidad que amenaza a comunidades enteras en Puerto Rico y que, insiste, no puede seguir normalizándose.
