Santiago de Chile, 14 de septiembre de 2021 (EFE) – La comunidad de Puchuncaví y Quintero, una zona conocida como «el Chernobyl chileno», sigue a la espera de justicia en materia ambiental desde hace tres años, cuando se produjo una masiva emisión de tóxicos en la que fue una de las mayores crisis ambientales que se recuerdan en el país.
Todavía no hay culpables de esta catástrofe y no se han materializado muchas de las promesas del Gobierno para sacar a flote esta zona, una bahía a 100 kilómetros de Santiago sitiada por un cordón industrial donde se opera con elementos químicos.
«Seguimos esperando justicia, han pasado tres años y todavía no sabemos quién fue (…) Ha habido una ausencia muy grande del Estado», dice a Efe Carlos Vega, un pescador y activista ambiental de esta zona, donde más 1,700 personas resultaron intoxicadas, entre ellas más de 1,500 niños.
Estos masivos eventos de contaminación ambiental tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2018 y obligaron también a paralizar la actividad industrial y a suspender las clases escolares durante unas semanas.
Cefaleas, desmayos o vómitos son algunos de los síntomas que presentaron los intoxicados y todavía existe el temor de nuevas enfermedades que pueda acarrear la exposición a largo plazo a los químicos, así como el padecer daños cognitivos.
La Fiscalía investiga a seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), aunque según los expertos es complejo determinar un culpable teniendo en cuenta que este polo industrial concentra 15 plantas de petroquímicos, pesqueras, mineras y otros sectores.
ERRADICAR LAS ZONAS DE SACRIFICIO
En 2019, durante la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente chileno, Sebastián Piñera, pidió disculpas por la situación de Quintero y Puchuncaví y aseguró que tomaría acción para erradicar las cinco «zonas de sacrificio», áreas donde existe una alta concentración industrial cercana a zonas pobladas, que el país arrastra desde años.
Su bastión fue un plan de descontaminación que limita en estas dos localidades las emisiones de tres grandes compañías (la minera estatal Codelco, Enap, y la eléctrica AES Gener), al que se sumó una norma que regula la emisión horaria de dióxido de azufre (SO2).
Entre ambas acciones se ha logrado reducir los episodios de saturación de este gas de 108 en 2016 a 9 en el año 2020 y bajar un 85 % sus concentraciones, según datos oficiales.
En paralelo, Piñera anunció una batería de medidas como la limpieza del borde costero o la creación de una red de agua potable para «que la gente no se nutra de agua con arsénico» (relacionado con los altos índices de cáncer en la zona).
Sin embargo, el ambientalista Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso (donde se ubican estas localidades), afirmó a Efe que estas últimas medidas todavía no se han cumplido.
«El Gobierno sigue priorizando la actividad industrial por encima de las comunidades, por eso se les denomina ‘zonas de sacrificio’, porque hay gente susceptible de ser sacrificada en aras del desarrollo», lamentó.
Según la misma fuente, tampoco se concretaron otros anuncios como la construcción de un centro oncológico y de dos nuevos centros sanitarios o un plan para analizar el impacto en la salud de los contaminantes.
Piñera también anunció el cierre adelantado de cuatro centrales energéticas a carbón para 2025, dos de ellas localizadas en el sector de Puchuncaví, en el marco de un plan gubernamental para clausurar todas las centrales de carbón para 2040.
CUESTIONADO PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
La secretaria regional de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, dijo a Efe que «sin duda, hay mucho por hacer» pero que los resultados indican que se está yendo «en la dirección correcta».
En tanto, activistas y expertos señalan que las medidas gubernamentales son «insuficientes» especialmente teniendo en cuenta que la regulación chilena en cuanto a gases contaminantes tiene unos estándares más permisivos que los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Manuel Leiva, especialista en contaminación de la Universidad de Chile, detalló a Efe que el protocolo solo contempla la emisión de material particulado, SO2 y óxidos de nitrógeno (NOX), «dejando fuera otros muchos contaminantes nocivos».
«En general todos los compromisos del manejo de zonas de sacrificio han sido mínimos, medidas paliativas y decorativas», esgrimió por su parte el presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis.
La directora de Política de Greenpeace Chile, Josefina Correa, explicó a Efe que la situación de Puchuncaví y Quintero responde a un modelo extractivista que se replica por todo el país con empresas forestales y mineras.
«Es un sistema fracasado -expresó- que prometió a la gente un desarrollo que nunca llegó y que solo provocó una vulneración de sus derechos a poder vivir con dignidad».
