San Juan (EFE) – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el medio feminista Todas entregó este jueves al Tribunal de Primera Instancia un recurso de mandamus en contra de Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y su rector para que entregue un desglose de los datos de hostigamiento sexual en dicho campus.
El caso se radica en momentos que Puerto Rico lleva casi dos años oficialmente bajo una declaración de emergencia por violencia de género para concentrar los recursos del Estado en la prevención y atención especial a la alta incidencia de estos delitos, denunciaron ambos medios de comunicación en un comunicado de prensa.
«Desde esta perspectiva, el derecho al acceso a la información pública es la herramienta desde la cual la ciudadanía, representada aquí por dos entidades dedicadas a la divulgación rigurosa y crítica de información noticiosa, puede no sólo fiscalizar el caminar de sus gobiernos, sino insertarse e incidir sobre él», plantea el recurso.
El pleito, que incluye al rector del RUM, Agustín Rullán Toro, fue radicado desde la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en la Sala Superior de Mayagüez.
El CPI y Todas denunciaron que han pasado once meses desde que hicieran la solicitud original de información a la Oficina de Prensa del RUM y solo han recibido una lista de 16 casos sin detallar género, tipo de persona que hizo la querella de hostigamiento sexual ni año académico en que se registró, entre el 2011 al 2022.
De acuerdo con el CPI y Todas, las universidades de Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con la ley federal conocida como el Título IX del Education Amendments of 1972, que protege a las personas de discriminación por razones de sexo en programas o actividades de enseñanza que reciben ayuda económica federal.
Y según se informó, los datos que recopila la Oficina Título IX del RUM son necesarios para examinar la atención de las instituciones universitarias a las sobrevivientes de violencia sexual, los esfuerzos de prevención y las garantías que ofrecen de un ambiente libre de discrimen por razón de género.
Además, con esta información se busca una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones que reciben ayuda económica federal.
Ambos medios noticiosos, que tienen en conjunto una Unidad Investigativa de Género para la publicación de reportajes especializados en este tema, plantearon que luego de agotar todos los remedios administrativos disponibles sin obtener resultados positivos, la única alternativa restante era acudir al tribunal.
La negativa del Recinto a proveer la información pública según solicitada, alegan, lacera su derecho al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.
