San Juan (EFE) – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) informó este martes que demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por negarse a dar información sobre los servicios carcelarios de Physician Correctional (Physician HMO), que autorizó incorrectamente la liberación de Hermes Ávila Vázquez.
Según explicó en un comunicado la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, el recurso legal se presentó debido a que su colega Amanda Pérez Pintado solicitó al DCR desde el 2 de mayo información sobre los servicios facturados por Physician HMO, la empresa que provee los servicios de salud a la población penal.
Dicha compañía es la misma que enfrenta varias demandas por negar servicios médicos a los confinados y es conocida por autorizar incorrectamente la liberación de Ávila Vázquez, que fue excarcelado en 2022 tras un dictamen de un panel de médicos que certificaron que presuntamente sufría de una enfermedad terminal.
«Las solicitudes hechas al DCR cumplieron todos los requisitos en ley; es información de alto interés público. La agencia tiene el deber ministerial de entregarlo, y lo que pedimos no está protegido por ley, reglamento, privilegio o reclamo de confidencialidad, ni bajo alguna excepción», explicó Minet.
Ávila fue sentenciado a 122 años por el asesinato de una mujer en 2005.
No obstante, fue liberado por condiciones de salud y una presunta paraplejia al amparo de la «Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico» (Ley 25-1992).
Y, el 21 de abril pasado asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en Manatí.
Pérez Pintado pidió al DCR los nombres de los confinados que han sido liberados o recibido pases extendidos, con sus fechas de excarcelación y las razones, y un desglose de los servicios facturados por la compañía desde 2020.
La comunicadora exigió además un desglose de servicios facturados por el confinado Ávila Vázquez desde 2020 hasta que se le dio el pase extendido en abril de 2023.
Además, la periodista solicitó el informe de monitoreo mensuales la empresa desde 2018, los informes anuales de las operaciones de los servicios de salud correccional y sus niveles de cumplimiento, los informes de auditoría de Health Strategy Consulting sobre el contrato de Physician Correctional con el DCR, entre otros informes.
«Agotamos todos los remedios administrativos y el DCR no ha cumplido. Al no existir otro remedio eficaz, y debido a que la negativa de proveer la información lacera nuestros derechos constitucionales y legales, nuestra representación legal presentó el mandamus», señaló Minet.
Desde la petición original hasta el presente, la periodista hizo gestiones de seguimiento ante la agencia y la titular del DCR, Ana Escobar Pabón, para obtener la información solicitada.
En mayo pasado, la directora de prensa y comunicaciones de la agencia, Yvonne Guadalupe Negrón, pidió una prórroga de 10 días laborables para entregar la información dado que era «voluminosa», pero ya han transcurrido cinco meses.
