Río de Janeiro (EFE) – El índice de punición por deforestación en la Amazonía brasileña deja mucho que desear pues solo el 8% de las sentencias que llegaron a primera instancia resultaron en condenas de los implicados, según un estudio divulgado este martes.
De los más de 3,500 procesos por deforestación en la Amazonía brasileña presentados por la Fiscalía General entre 2017 y 2020, únicamente 650 (18%) llegaron al primer nivel de la Justicia y tan solo 51 casos (8%) terminaron en condena.
Los datos son del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), que analizó los resultados de los procesos que llegaron a la Fiscalía durante ese período, mediante el programa Amazonía Protege, creado por la entidad para responsabilizar a los deforestadores ilegales a través de acciones civiles públicas, con base en evidencias obtenidas de forma remota.
Con los 3,561 procesos encaminados, la Fiscalía buscaba que los deforestadores ilegales pagaran 3,700 millones de reales ($686 millones) por la devastación de 231.456 hectáreas de selva.
No obstante, en la mayoría de los 650 casos que llegaron a primera instancia (78%) los jueces no encontraron méritos suficientes para condenar a los implicados, algo que sólo ocurrió en 51 procesos (otro 12 % de los casos fue remitido a las justicias regionales y un 2% fue declarado improcedente).
De esos 51 procesos, el estudio señala que «sólo dos casos procedentes pagaron las sanciones impuestas», lo que sumó un total de 42,000 reales ($7,792), una cifra irrisoria frente a los 3,700 millones de reales de multa que la Fiscalía esperaba desde un comienzo.
Otras condenas todavía están a la espera de una decisión.
Entre las conclusiones de la investigación, está el hecho de que las pruebas presentadas ante la Justicia fueran obtenidas de forma remota.
Lo anterior, porque los jueces de primera instancia, en general, consideran las imágenes satelitales insuficientes para probar el daño ambiental, requiriendo una inspección presencial.
El estudio, señala, sin embargo, que el uso de datos remotos que prueban daños ambientales ya cuenta con jurisprudencia favorable de las instancias superiores de la Justicia.
«La expectativa, ahora, es que ese entendimiento sea adoptado más rápidamente en las decisiones de primera instancia para que más procesos resulten en condena y en la obligación de indemnizar por el daño ambiental causado a toda la sociedad con la deforestación de la Amazonía», señala Jeferson Almeida, investigador de Imazon, citado en el estudio.
