Por Lourdes Uquillas
Agencia EFE
Redacción Medioambiente (EFE) – El cambio climático «es la injusticia intergeneracional más grande de la historia», ha asegurado a EFE el coordinador regional para Latinoamérica de World’s Youth for Climate Justice (WYCJ), José Daniel Rodríguez Orúe, quien espera que la petición de opinión consultiva sobre la crisis climática a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) permita «empoderar» a la juventud.
Así se ha expresado Rodríguez Orúe tras la petición cursada a la CIJ la semana pasada por parte de la organización Pacific Island Students Fighting Climate Change (Pisfcc) y que tuvo el «apoyo de unas 1,700 organizaciones en todo el mundo, entre otras la de WYCJ», para aclarar la responsabilidad de los gobiernos en la toma de medidas para afrontar los impactos climáticos.
Jóvenes estudiantes del Pacífico reunidos en Pisfcc, apoyados por el Gobierno de Vanuatu y organizaciones juveniles y ecologistas de todo el mundo, presentaron la semana pasada una petición a la CIJ para que se pronuncie mediante una opinión consultiva y aclare el derecho internacional aplicable al cambio climático y sus consecuencias «tanto en los países que sufren los efectos más graves como en las personas».
Ha incidido en que la crisis climática «es una crisis de derechos humanos», es un «fenómeno sistémico que profundiza las desigualdades existentes tanto dentro de los países y entre los países», y que «afecta sobre todo a los más vulnerables».
Hay derechos humanos que «se verán más impactados por el cambio climático, como el derecho al agua y un sinfín más, y, justamente, el objetivo de la solicitud de opinión consultiva a la CIJ «es que el tema de derechos humanos ya no sea un tabú dentro de la negociaciones de las COP».
Los jóvenes quieren que se defina cuáles son los impactos que causa el cambio climático por «la falta de cumplimiento de los derechos humanos, una pregunta que en la actualidad no se ha abordado por los tratados internacionales concernientes al cambio climático».
En su opinión, «la forma en la que esos tratados han sido concebidos y negociados omiten absolutamente cualquier tema ligado a la fiscalización de los compromisos de los estados para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esos acuerdos internacionales».
Según Rodríguez Orúe, lo que busca la petición de opinión consultiva a la CIJ «es lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de los compromisos que recoge el derecho internacional, pero no solo en estos tratados específicos, sino de una forma más amplia, en otros principios y normas generales del derecho internacional que se aplicarían también al cambio climático».
Una vez emitido el fallo de la opinión consultiva de la CIJ -que prevén para finales de 2024 o principios de 2025-, las organizaciones buscarán el «empoderamiento de la sociedad civil y -sobre todo de los jóvenes-, porque consideramos que el cambio climático es básicamente la injusticia intergeneracional más grande de la historia», ha aseverado.
Con ello, el objetivo es «asegurar que las personas jóvenes cuenten, con un instrumento jurídico que les permita proteger sus derechos y los de las generaciones venideras».
Porque existen tratados de derechos humanos y el Acuerdo de París tiene una mención en su preámbulo que dice que «en cumplimiento de sus obligaciones, los estados tienen que respetar los derechos humanos, pero verdaderamente no hay ningún desarrollo».
Además, varios movimientos en el mundo «han pedido a sus cortes nacionales que protejan sus derechos frente a la crisis climática y esto ha trascendido también a tribunales regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)», que tiene entre las últimas peticiones una de Suiza u otra de Francia.
En Latinoamérica, ha señalado que el año pasado la Relatoría Especial de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana junto con la Comisión emitieron una resolución sobre la emergencia climática en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sistematiza los estándares existentes de protección de los derechos humanos generales que existen en el Sistema Interamericano y los aplica directamente a la crisis climática.
Por otra parte, hay una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitada por Colombia y Chile.
Entre sus próximos objetivos es mantener el diálogo con organizaciones de jóvenes en Latinoamérica, porque ahora que la consulta está ya ante la CIJ «la idea es facilitar que las perspectivas y necesidades de los jóvenes estén reflejadas en las observaciones escritas y orales que van a presentar los Estados ante esa Corte».
Con ese objetivo están «llevando a cabo varios talleres en todo el mundo, el primero se realizó en Sudáfrica, otro en Berlín, y entre el 12 y 14 de abril se realizará otro sobre justicia climática en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Latinoamérica.
