La crisis del agua no es un problema operacional, sino el resultado de décadas de desarrollo urbano sin planificación de infraestructura
Por José R. López-Díaz
Maestro de Historia y Estudiante Maestría de Teología
Durante semanas se nos dijo que el problema del agua en el área metropolitana era un asunto operacional. Que había que ajustar válvulas. Que había que redistribuir flujos. Que se trataba de problemas gerenciales que podían corregirse con cambios administrativos y una mejor coordinación.
Sin embargo, el reciente intercambio público entre el alcalde de San Juan, Miguel Romero; el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y funcionarios relacionados con la operación del sistema metropolitano parece apuntar hacia una realidad mucho más incómoda: el problema no es simplemente gerencial. El problema es estructural.
Después de todo, una válvula no crea agua. Una válvula solamente decide quién la recibe y quién deja de recibirla. Cuando abrir una válvula para una comunidad implica cerrar otra para una comunidad distinta, el problema no es la válvula. El problema es que la demanda ya superó la capacidad disponible.
Y ahí es donde surge la pregunta que nadie parece querer contestar.
Durante las últimas décadas, particularmente en San Juan, Guaynabo, Bayamón y Carolina, se han aprobado cientos de unidades de vivienda, edificios multifamiliares, complejos comerciales y proyectos de desarrollo urbano. Todos estos municipios cuentan con autonomía municipal y poseen oficinas de planificación y permisos con la responsabilidad de evaluar el impacto de los proyectos que autorizan.
¿Cómo es posible que se aprobaran tantos desarrollos sin que simultáneamente se exigieran inversiones proporcionales de parte de los desarrolladores para aumentar la capacidad de producción y distribución de agua?
La planificación no consiste simplemente en autorizar proyectos. Su función principal es garantizar que el crecimiento sea sostenible. Un permiso de construcción no debe evaluar únicamente si una estructura cumple con los requisitos de diseño o zonificación. También debe preguntarse si existe la infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento sin perjudicar a quienes ya residen en la comunidad.
Cuando una urbanización, una torre de apartamentos o un complejo comercial añade cientos o miles de nuevos consumidores al sistema, alguien debe evaluar el impacto acumulativo sobre los servicios esenciales. Entre ellos, el agua potable.
Si hoy la solución propuesta por la propia AAA consiste en aumentar la producción de agua, eso sugiere que el problema fundamental no es quién administra las válvulas, sino que el sistema necesita producir más agua de la que actualmente puede suplir.
Eso no es un problema de operación. Es un problema de planificación adecuada.
Por eso resulta tan preocupante cualquier legislación o ley que limite la capacidad de los ciudadanos para cuestionar permisos y desarrollos, como la Ley 82 de 2026. La fiscalización ciudadana existe precisamente porque las instituciones públicas no necesariamente son infalibles. Cuando la planificación falla, son las comunidades quienes terminan viviendo las consecuencias negativas.
Puerto Rico necesita desarrollo económico y necesita vivienda. Pero también necesita una visión integrada de país donde infraestructura, recursos naturales y crecimiento urbano avancen de manera coordinada y hacia el bien común.
La planificación y los permisos no son simples trámites burocráticos. Son una de las herramientas más importantes para proteger el bien común. Cuando se utilizan correctamente, previenen problemas antes de que ocurran. Cuando fallan, el resultado es exactamente lo que estamos viviendo hoy: ciudadanos preguntándose por qué falta agua en una región donde durante décadas no faltó.
El agua no desaparece por casualidad. Los problemas de agua, como tantos otros problemas públicos, suelen ser el reflejo de decisiones tomadas —o no tomadas— muchos años antes.
