Washington, 17 de mayo de 2022 (EFE) – Estados Unidos retirará algunas sanciones económicas contra Venezuela, una decisión que ha tomado a petición de la oposición venezolana, que está retomando el diálogo con el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
Los cambios permitirán a la petrolera Chevron negociar con la estatal PDVSA «los términos de posibles actividades futuras en Venezuela», lo que no significa que la compañía estadounidense pueda explotar o comerciar con crudo venezolano, explicó durante una llamada con periodistas un alto funcionario del Gobierno de EE.UU.
«No supondrá ningún aumento de los ingresos del régimen», dijo.
El Gobierno de Joe Biden quiso dejar muy claro que el anuncio tampoco conlleva un cambio en las políticas de Estados Unidos respecto a Venezuela, y que Washington está dispuesto a endurecer las sanciones contra el país si ve motivos para ello.
«Reimpondremos las sanciones ante cualquier paso atrás en cualquier clase de negociación», explicó la fuente.
De igual manera, el Gobierno estadounidense recalcó este martes que sigue considerando a Juan Guaidó presidente interino de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y que seguirá trabajando con la Plataforma Unitaria para asegurar que se celebran elecciones democráticas en el futuro.
Aun así, dos senadores de EE.UU. con influencia sobre la política hacia América Latina, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, han criticado el anuncio.
«Si estamos promoviendo en Ucrania el respeto a la ley internacional, la democracia y los derechos humanos, no podemos mandar otro mensaje en nuestro hemisferio», lamentó en una rueda de prensa telemática Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado.
La política exterior de Biden «se basa en apaciguar y dar concesiones a dictadores», dijo por su parte Rubio, el miembro republicano de mayor rango en el subcomité del Senado dedicado a Latinoamérica y candidato a las primarias republicanas de 2016.
También la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, ha expresado su «rotundo rechazo» a la intención de aliviar las sanciones.
En sus explicaciones de las medidas tomadas, el funcionario estadounidense dio ya por hecho que el Gobierno de Venezuela y la oposición están teniendo ya contactos para retomar sus conversaciones, aunque todavía no se ha producido ningún anuncio oficial.
También atribuyó completamente a la oposición venezolana la petición del levantamiento de sanciones, en el contexto de las negociaciones con las autoridades, de las que Estados Unidos no forma parte.
Estas conversaciones, que comenzaron el pasado mes de agosto en Ciudad de México y bajo la mediación de Noruega, se interrumpieron en octubre por la extradición a Estados Unidos del presunto testaferro de Maduro, Alex Saab.
La medida, por tanto, tiene como único objetivo facilitar estas conversaciones con el fin de celebrar unas elecciones con garantías democráticas en el país, y no está relacionada con el aumento en los precios del petróleo ni con la celebración de la Cumbre de las Américas.
Sobre este último punto, un experto en Latinoamérica de la American University que habló con Efe bajo condición de anonimato dijo que «ningún cambio en el régimen de sanciones influirá en ningún país de una manera u otra sobre si acudir a la cumbre».
La celebración del evento, que tendrá lugar en Los Ángeles (California) a comienzos de junio, se ha visto envuelta en polémica desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de no acudir si EEUU no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a participar en la cita.
Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer la reanudación de los vuelos comerciales a Cuba más allá de La Habana, la suspensión del límite de 1.000 dólares a las remesas y la autorización de ciertos tipos de viajes, si bien el turismo seguirá prohibido.
Sobre el levantamiento de sanciones a Venezuela, otro alto cargo del Gobierno de EEUU matizó que espera que también ayude a la hora de establecer negociaciones bilaterales en asuntos como la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en el país, aunque «no está necesariamente conectado».
