Washington, D.C., 13 de agosto de 2021 (EFE) – Estados Unidos impuso sanciones este viernes a dos responsables del Ministerio de Interior de Cuba y a una unidad militar conocida popularmente como los «boinas rojas», por su presunto papel en la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
Se trata de la tercera ronda de sanciones que impone el Departamento del Tesoro estadounidense como respuesta a las manifestaciones del mes pasado, tras las que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha endurecido su política hacia la isla.
«Seguiremos sancionando a aquellos que faciliten que el Gobierno cubano perpetúe abusos de derechos humanos contra manifestantes pacíficos», dijo Andrea Gacki, directora de la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), en un comunicado.
El Tesoro sancionó al jefe del directorio político de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba, Pedro Orlando Martínez Fernández, y a su par en el Ministerio del Interior (del que depende la PNR), Romarico Vidal Sotomayor García.
Además, impuso restricciones a las Tropas de Prevención o «boinas rojas», una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que, según el Tesoro, se desplegó en respuesta a las protestas y «en un caso estuvo implicada en un forcejeo violento con un manifestante».
El Departamento del Tesoro acusa a Sotomayor y Martínez de haber desplegado a la PNR y otras unidades que dependen de sus cargos, como la brigada nacional especial del Ministerio del Interior, conocida popularmente como «boinas negras», que «atacaron violentamente y detuvieron a manifestantes» en Cuba.
El Tesoro ya sancionó el mes pasado a las «boinas negras» y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y hace dos semanas hizo lo mismo con la PNR, su director, Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias.
Igual que las anteriores, las nuevas sanciones bloquean cualquier activo que Martínez, Sotomayor o los integrantes de los «boinas rojas» puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a quienes estén en Estados Unidos negociar con ellos, sobre la base de la ley estadounidense Magnitsky.
Además de recrudecer las sanciones, la Casa Blanca se ha marcado como prioridad de su política a Cuba el encontrar vías para mejorar el acceso a internet en la isla y evitar que se repita la situación del mes pasado, cuando el acceso a ese servicio estuvo restringido durante varios días, lo que impidió que siguieran las protestas.
El Tesoro alentó esta semana a personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense a que se beneficien de las excepciones al embargo para proporcionar servicios de telecomunicaciones e internet en Cuba y el Gobierno de Biden no ha descartado tomar medidas por su cuenta con ese fin.
Además, Biden evalúa volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado, y trasladar más personal a la embajada estadounidense en La Habana, reducido drásticamente desde 2017.
Las manifestaciones del 11 de julio, inéditas en más de seis décadas de comunismo en Cuba, se produjeron como reacción a la extrema crisis y profunda escasez que vive el país.
Al menos 805 personas fueron detenidas durante o después de esas protestas, de las que 249 han sido liberadas, 516 permanecen en prisión y 40 en paradero desconocido, según el centro de asesoría legal Cubalex.
