Quito (EFE) – El Gobierno de Lenín Moreno ha convertido la minería en una prioridad nacional con el objetivo de impulsar la alicaída economía ecuatoriana, y ha desatado con ello un agrio debate entre progreso y medioambiente.
Si los planes de Moreno tienen éxito, es probable que Ecuador no sea el mismo país dentro de apenas dos o tres años, cuando la minería industrial, que acaba de comenzar en julio, se convierta en el segundo sector del país, después del petróleo.
«Es el motor que necesitamos para darle velocidad a este proyecto de país que está enrumbado hacia el progreso, equidad y prosperidad», defendió el vicepresidente Otto Sonnenholzner al hacer la presentación, en junio, del Plan Nacional Minero.
Una tesis que defienden desde los Ministerios de Energía y Recursos No Renovables y desde el de Finanzas, abocado este último a encontrar los recursos para afrontar una deuda de unos $56,000 millones.
«El sector minero nos permitirá fortalecer nuestra economía, a través de $2,250 millones inversiones hasta el 2021; $3,700 millones en exportaciones y más de $700 millones en recaudación fiscal», dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la reciente Asamblea Anual del BID en Guayaquil.
El objetivo es dotar al país de un balón de oxígeno hasta que otros motores de desarrollo que requieren de más tiempo, entre ellos el turismo, alcancen niveles similares a los de otros de la región.
«Dinero fácil y rápido», reconocieron a Efe fuentes de Finanzas, ministerio en una perenne búsqueda de equilibrio en la dolarizada economía del país.
Ecuador, de los países más biodiversos del mundo, con una flora y fauna envidiables, comenzó a ver la minería como una fuente de ingresos después de la caída de los precios del petróleo hace un lustro, y desde entonces ha buscado relanzar un sector que está aún atrasado con respecto a Chile o Perú.
En una entrevista con Efe, el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, pidió no llevar el debate a los extremos y centrarse en la sostenibilidad de los objetivos nacionales.
«El agua y la minería no están reñidos. Tienen que marchar de la mano, tenemos que ser responsables con esos recursos y hacerlo de manera sustentable con el ambiente», insistió.
Y aunque reconoció que es un tema «socialmente complicado», aseguró que Ecuador es un país «muy sensible hacia lo socioambiental».
El proyecto minero se remonta a los días del expresidente Rafael Correa (2007-2017), aunque durante su gestión no despegó por las trabas tributarias que él mismo había impuesto años antes a la inversión extranjera.
Desde su llegada a la presidencia, Moreno ha eliminado barreras legales para una mayor seguridad jurídica y diseñado un plan de acción a escala nacional para regular el sector.
Su objetivo: que la minería aporte un 4% del PIB en 2021, frente al 1.25% de 2017.
Con unos 32,000 empleos directos y otros tantos indirectos, la minería en Ecuador gira en torno a cuatro tipos de actividad: la «legal» o «industrial» (grandes concesiones reguladas por el Gobierno), la ilegal (oportunistas han convertido el extractivismo en su fuente particular de ingresos), la «pequeña minería» y la «artesanal».
Estas últimas, antes unificadas, son un tipo de extracción que data de hace siglos y que es permitida por la ley a escala limitada.
Es pues la «industrial» la que da más pavor a los ambientalistas e indígenas, en particular desde que en julio comenzaron las primeras explotaciones en el yacimiento de cobre Mirador, en el sur del país.
Le seguirá este mismo año la extracción de oro de la mina «Fruta del Norte». Además, el Gobierno tiene otros tres proyectos estratégicos en curso y seis más de «segunda generación» en fase de investigación.
En el de Río Blanco, en la provincia de Azuay (sur), han surgido problemas con las comunidades locales, que demandan al Gobierno cumplimentar el exigido proceso de «consulta popular» porque, sostienen, afecta a sus fuentes de agua.
Y es que ni las promesas de grandes inversiones de las multinacionales ni las tesis del Gobierno de que la minería es la receta para el desarrollo, consiguen convencer a indígenas y ecologistas de las bonanzas de esta nueva industria.
«No vamos a permitir este atraco que podría ir en contra de la soberanía de Ecuador», aseguró en entrevista con Efe el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Manuel Castillo.
El dirigente recordó las explotaciones de las últimas décadas, centradas en el petróleo, y la contaminación provocada.
«Vemos con gran preocupación no solo el petróleo, sino la minería que está instalada en todas las provincias de Ecuador», insistió.
En 2018, el Gobierno hizo pasar en referendo una restricción a la minería metálica dentro de un acuerdo con los indígenas, pero la Conaie se siente traicionada porque en las mesas de diálogo exigieron el fin de las concesiones, que -asegura Castillo- no han cesado en ningún momento.
Para combatir el fenómeno, grupos medioambientales y colectivos indígenas han aunado esfuerzos en todo tipo de campañas populares y legales para frenar los proyectos mineros, aunque el debate entre «progreso» y «conservacionismo» seguirá en los próximos años conforme se vayan entregando las nuevas concesiones.
