Proyecto busca proteger al consumidor pero enfrenta resistencia por falta de recursos y preocupaciones legales
SAN JUAN, Puerto Rico – En el Capitolio, la Comisión de Asuntos al Consumidor de la Cámara de Representantes evaluó el Proyecto de la Cámara 193, una medida que propone establecer la política pública sobre los contratos de adquisición de sistemas de energía renovable. La iniciativa otorgaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) jurisdicción primaria para atender casos de anuncios engañosos o incumplimientos contractuales relacionados con estos sistemas.
El proyecto, presentado por los representantes Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, también busca declarar nulas las cláusulas de arbitraje en este tipo de contratos, por entender que colocan al consumidor en una clara desventaja legal.
Durante la vista pública, el presidente de la Comisión, Edgar E. Robles Rivera, cuestionó la incomparecencia de LUMA Energy y reafirmó su compromiso con la defensa de los consumidores. Sin embargo, la discusión se centró en la capacidad del DACO para asumir las nuevas responsabilidades.
La licenciada Yasiris Torres Rivera, en representación del DACO, advirtió que la agencia no está en condiciones de implementar la medida por falta de personal, recursos técnicos y limitaciones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Propuso limitar su intervención a prácticas engañosas en publicidad y dejar los aspectos técnicos al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Según datos presentados, de enero de 2024 a marzo de 2025 se han recibido 602 querellas relacionadas con sistemas solares, principalmente por garantías, incumplimientos y publicidad engañosa. Algunas empresas, por ejemplo, prometen a los consumidores pagar solo cuatro dólares a LUMA Energy tras instalar paneles solares, promesa que no se cumple, obligándolos a pagar dos facturas.
El representante Márquez Lebrón criticó la postura del DACO y expresó que, si no pueden ejercer su mandato legal por falta de fondos, entonces no deberían recibir nuevas facultades legislativas.
Por su parte, Antonio Torres Miranda, comisionado asociado del NEPR, apoyó la medida con la condición de que no interfiera con su autoridad técnica y regulatoria. La Oficina Independiente de Protección al Consumidor también respaldó el proyecto, señalando que ha recibido 761 querellas desde 2022 y recomendando que se regulen expresamente los contratos de compraventa de energía (PPA) y se extiendan las protecciones a los servicios de instalación.
En contraste, Javier Rúa Jovet, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), se opuso al proyecto alegando que es inconstitucional al invalidar contratos y que podría desalentar el acceso a energía resiliente. Sostuvo que, a pesar del aumento de instalaciones solares —de 433 mensuales en 2020 a más de 4,000 en 2025—, la tasa de querellas es mínima y va en descenso.
La audiencia concluyó sin una determinación final, pero dejó en evidencia la necesidad de balancear la protección al consumidor con la viabilidad institucional y el respeto a principios constitucionales.
