ICSE exige acceso al informe que justifica cambios en el acuerdo con la empresa de energía
SAN JUAN, Puerto Rico – El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) ha elevado una petición formal a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y al Negociado de Energía de Puerto Rico en busca de transparencia: solicita acceso inmediato al estudio de costo-beneficio preparado por la firma consultora FTI, el cual ha sido utilizado como fundamento para enmendar el contrato con la empresa Genera PR.
La enmienda, según la Gobernadora de Puerto Rico, implicaría la eliminación de bonificaciones al operador a cambio de un aumento en la tarifa por sus servicios. Según el gobierno, el cambio generaría un ahorro de más de $800 millones. Pero sin acceso al informe que sustenta esta cifra, ICSE cuestiona la legitimidad del supuesto beneficio.
«Estas acciones fueron necesarias porque la APP y el Negociado no han permitido acceso al informe de FTI», denunció el licenciado Fernando Agrait, asesor legal de ICSE. «Nuestra misión como organización sin fines de lucro es promover el desarrollo sostenible y el bienestar socioeconómico de Puerto Rico, por lo cual tenemos la responsabilidad y el derecho a entender cuál es el alegado beneficio para el consumidor».
Agrait argumentó que el informe en cuestión debe considerarse un documento público según la doctrina del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que lo define como “todo documento que se origina, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Aun si se esgrimiera la confidencialidad por privilegio abogado-cliente, tal justificación no aplicaría, afirmó, ya que FTI no es un bufete legal y el documento ha sido compartido con terceros —la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera— lo cual elimina cualquier expectativa de confidencialidad.
Tampoco procede el argumento de «secreto comercial», otro fundamento común para restringir acceso a documentos, pues Genera opera sin competencia directa en la provisión de su servicio. En este contexto, ICSE subraya que la propia ley que regula las Alianzas Público-Privadas exige fomentar la transparencia por parte del Estado durante la negociación de estos contratos.
“El patrimonio generatriz de Puerto Rico tiene unas repercusiones inmensas en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y en la competitividad de nuestras empresas”, insistió Agrait. “No se puede argumentar que hay un ahorro, tomar ventaja política de ese anuncio y no permitirle a la ciudadanía saber cuál es el costo en la realidad de ese contrato”.
El ICSE, organización educativa sin fines de lucro, enfatiza su rol como vigilante del interés público, y ha reiterado su compromiso con impulsar reformas que aseguren un desarrollo sustentable en la Isla. El resultado de esta controversia —entre el deber de transparencia y los alegatos de confidencialidad— podría sentar un precedente importante en la gestión pública y privada de los recursos esenciales del país.
