Edwin González Montalvo aseguró que la plataforma no fue vulnerada y explicó que el caso surgió por transacciones realizadas con una tarjeta de crédito sin autorización de sus titulares
SAN JUAN, Puerto Rico
El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, aseguró este martes que CESCO Digital no fue vulnerado como parte del esquema por el que el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico presentaron 135 cargos criminales contra 33 personas.
La aclaración se produjo después de que las autoridades informaran que la investigación, denominada “Operación Eslabón”, identificó más de 100 transacciones ilegales para pagar multas del DTOP y AutoExpreso mediante una tarjeta de crédito sin autorización de sus titulares. Las transacciones ascendieron a $308,573.13.
Según Justicia, entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que les eliminaran sus multas o dejaran sus cuentas en cero. Entre los acusados figuran personas que presuntamente se beneficiaron de los pagos, quienes realizaron las transacciones, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios.
A preguntas de Foronoticioso sobre cómo el Gobierno detectó las irregularidades, González Montalvo explicó que las instituciones bancarias notifican cuando los titulares cuestionan transacciones realizadas con sus tarjetas.
“Los bancos, cuando suceden estas transacciones que el ciudadano alerta, el banco nos notifica al Departamento de Hacienda, al DTOP y se comienza a identificar”, indicó.
El secretario señaló que los hechos se remontan a 2021 y sostuvo que el equipo del DTOP retomó los casos para colaborar con la investigación de Justicia y la Policía.
“El equipo que hemos conformado dentro del DTOP levanta todos estos casos, se desempolvan y se comienza a colaborar tanto con los fiscales, el Departamento de Justicia y Policía, por los canales correctos”, expresó.
González Montalvo también rechazó que el caso represente un fraude originado dentro de CESCO Digital.
“Quiero aclarar, porque en un momento en la prensa surgió que había fraude en CESCO Digital. CESCO Digital es completamente seguro, es un motor de pago básicamente para que los ciudadanos puedan llevar a cabo esas gestiones”, afirmó.
Según el funcionario, el esquema consistió en utilizar información de una tarjeta de crédito para efectuar pagos fraudulentos de multas.
“Aquí estamos hablando de unas personas que básicamente robaron los números de la tarjeta […] y fraudulentamente llevaron unas transacciones creando un fraude al erario público”, sostuvo.
Justicia informó previamente que el esquema fue descubierto después de que una institución bancaria presentara una querella al detectar las múltiples transacciones. Los titulares de la tarjeta reclamaron los cargos no autorizados y el Departamento de Hacienda devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
El secretario explicó además que las personas involucradas se beneficiaban de lo que se presentaba como un supuesto descuento para pagar sus multas, aunque en ese momento no existía una amnistía gubernamental.
“Estamos hablando aquí de un esquema de fraude que estos ciudadanos estaban borrando, básicamente pagando estas multas ilegalmente para entonces hacer sus renovaciones de tarjeta”, dijo González Montalvo.
El funcionario contrastó ese mecanismo con las amnistías oficiales y mencionó la establecida mediante la Ley 1 de 2026.
“Cuando el Gobierno va a llevar a cabo una amnistía, la anunciamos, como se hizo en este caso la Ley 1 del 2026 que la señora gobernadora Jenniffer González firmó”, indicó.
González Montalvo insistió en que el caso no afecta a los ciudadanos que utilizan sus propias tarjetas para pagar multas legítimamente a través de la plataforma.
“No es ese el caso. CESCO Digital es completamente seguro. Toda la información está resguardada. Nos encontramos en constante comunicación con PRITS, monitoreando la ciberseguridad de nuestro sistema. Es completamente seguro”, afirmó.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, presentó 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos. El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y fijó una fianza global de $1,231,000.
El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de prisión, mientras que el delito de fraude contempla una pena fija de ocho años.
