La medida, ordenada por la gobernadora Jenniffer González Colón, busca revisar reglamentos y coordinar con los municipios alternativas para este sector
SAN JUAN, Puerto Rico
El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó que, conforme a instrucciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, dejó sin efecto las cartas emitidas recientemente a comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129, entre Arecibo y Lares, y en la carretera PR-100 en Cabo Rojo.
La determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, así como coordinar con los municipios correspondientes la identificación de alternativas viables que permitan atender el asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley.
Las comunicaciones habían sido emitidas como parte de procesos relacionados con proyectos de infraestructura en ambas vías. En la PR-129 se contemplan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR-100 se ejecuta un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.
El DTOP reiteró que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del derecho de vía. Los paseos y márgenes de las carreteras cumplen funciones relacionadas con visibilidad, acceso, respuesta a emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento.
La agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial. La medida permite realizar una evaluación adicional, coordinar con los municipios y atender cada situación de manera responsable.
El DTOP también informó que la situación relacionada con Pedro «Pello» Santiago, en la carretera PR-7722, responde a circunstancias distintas a las comunicaciones emitidas en la PR-129 y la PR-100. Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal.
La agencia indicó que reconoce la realidad económica de las familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley. El Departamento señaló que continuará actuando con responsabilidad, sensibilidad y conforme a la ley, y que toda acción futura se tomará luego de la evaluación correspondiente y en coordinación con las partes pertinentes.
Por su parte, el alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, expresó que la determinación de mantener en pausa las intervenciones con los negocios ambulantes hasta que se realice un análisis exhaustivo de la reglamentación aplicable, incluido el reglamento 6172, vigente desde 2000, es razonable. Indicó que dicho análisis debe incluir conversaciones con los alcaldes y la Asamblea Legislativa que permitan establecer un proceso ordenado, informado y transparente.
«Reafirmo mi postura de que cada negocio ambulante representa una familia, un sueño y un interés genuino de aportar al país desde sus recursos. Desalojarlos de los espacios es un atropello y atenta contra el bienestar, en el caso de Hatillo de decenas de familias», expresó el alcalde, quien añadió que el personal de la administración municipal y él están en la mejor disposición de iniciar un diálogo que permita identificar alternativas reales para este sector comercial.
