La medida busca fortalecer la seguridad pública y proteger a rescatistas durante condiciones peligrosas
SAN JUAN, Puerto Rico – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales respaldó el Proyecto de la Cámara 908, una medida que impondría sanciones de hasta $5,000 a navegantes que ignoren advertencias oficiales durante situaciones de emergencia y utilicen embarcaciones de recreo u otros vehículos similares.
Durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, el subsecretario del DRNA y comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz Santiago, expresó su apoyo a la propuesta al reconocer “la necesidad de medidas más firmes para promover la responsabilidad de los navegantes y fortalecer la seguridad pública”, ante la creciente incidencia de personas que desatienden advertencias oficiales en condiciones atmosféricas peligrosas.
La agencia presentó enmiendas para aclarar el procedimiento de imposición de costos y los criterios que justificarían esa determinación, con el fin de establecer con precisión las consecuencias que enfrentarían los infractores.
Entre las sugerencias, el DRNA propuso añadir un inciso que establezca que toda persona que, con conocimiento de advertencias oficiales, incurra en conducta temeraria que provoque la activación de un rescate, será responsable por los costos incurridos y podrá estar sujeta a disposiciones penales vigentes. Según Cruz Santiago, la propuesta “le da más garras al asunto” a las agencias del orden público para disuadir acciones que han cobrado vidas y puesto en riesgo a rescatistas.
La medida, presentada por el representante Víctor Parés Otero por petición del exlegislador Ángel Bulerín Ramos, establece multas iniciales de $100 a $500 por permanecer en cuerpos de agua tras advertencias oficiales. Además, faculta la confiscación de embarcaciones y vehículos de navegación conforme a la Ley de Confiscaciones de 2011 cuando sean utilizados durante emergencias.
El DRNA recomendó que el estatuto incluya un procedimiento claro de notificación, custodia y transferencia, así como la definición de los derechos del titular y un esquema uniforme de intervención para garantizar el debido proceso. Asimismo, planteó la necesidad de coordinar expresamente con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Policía de Puerto Rico y, cuando corresponda, la Guardia Costanera.
La agencia también recomendó integrar al Cuerpo de Vigilantes al sistema 9-1-1, al señalar que la Policía atiende cientos de llamadas mensuales relacionadas con incidentes en cuerpos de agua, por lo que su inclusión ampliaría la capacidad de respuesta ante emergencias.
Por su parte, el teniente Wilberto Pérez de la Torre, director de la División de Vigilancia Marítima de la Policía de Puerto Rico, apoyó la iniciativa y la calificó como una propuesta necesaria ante las emergencias provocadas por mal tiempo o disturbios atmosféricos. Propuso elevar las multas a un rango de $500 a $1,000 y ampliar la facultad para sancionar a personas que se nieguen a desalojar áreas de bañistas tras avisos de condiciones adversas emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología.
Durante la vista, también se discutió la necesidad de definir el término “temeridad” en el proyecto y de establecer cómo se calcularán los costos de rescate en el reglamento. La representante Odalys González González destacó la importancia de proteger a los rescatistas y a sus familias, mientras que la presidenta de la Comisión anunció que se celebrará una nueva vista pública con la participación del Departamento de Justicia y la Guardia Costanera para continuar evaluando la propuesta.
