El acuerdo exige además sembrar y proteger 112 árboles nativos durante un periodo de seguimiento de cinco años
SAN JUAN (EFE)
Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) informó este jueves que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) multó a dos hombres con más de 61,000 dólares y medidas de mitigación ambiental por la construcción de un campo de tiro y un pozo sin los permisos requeridos en la comunidad de Ranchos Guayama.
El acuerdo alcanzado en el proceso administrativo contra los querellados Roberto Ramos y Ariel Torres, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), establece una multa administrativa de 25,000 dólares.
Así como una aportación de 29,000 dólares para un Plan de Mitigación Ambiental y de 7,000 dólares para cubrir costos periciales y técnicos relacionados con la regularización de un pozo de agua.
«Nosotros siempre tuvimos claro por qué estábamos luchando. Durante estos cinco años vimos intereses y presiones alrededor de este proyecto, pero la comunidad tomó la decisión más importante: unirnos y defender a Ranchos Guayama», expresó en un comunicado José Cora, presidente de ASPA.
En 2021, CODEPOLA comenzó la construcción de un amplio campo de tiro en la comunidad de Ranchos Guayama.
Tras varias querellas de residentes del lugar, y tras investigaciones y procesos administrativos de parte del DRNA, la agencia determinó que Torres y Ramos habían realizado trabajos de excavación, remoción, relleno y depósito de material; corte y tala de árboles y construcción de un pozo sin contar con los permisos requeridos.
Como parte de las medidas de mitigación, el DRNA exige la siembra y protección de 112 árboles nativos, incluyendo bayahondas, hojas menudas y escambrones.
El acuerdo contempla además, un compromiso de seguimiento e informes durante cinco años para verificar la supervivencia de los árboles y el cumplimiento de las medidas establecidas.
«Este resultado demuestra que valió la pena insistir y no rendirnos. Fueron cinco años de denuncias, gestiones, reuniones y trabajo comunitario. Reconocemos la firmeza de la Mildred Sotomayor Bourbón, representante del interés público del DRNA, así como la excelente labor de nuestros abogados», añadió Cora.
Por último, ASPA reiteró su compromiso de continuar dando seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas y de mantener informada a la comunidad sobre las gestiones relacionadas con la protección ambiental de Ranchos Guayama.
