El secretario de la Gobernación alega múltiples conflictos de interés que presuntamente beneficiaron a clientes del bufete, mientras la firma rechaza señalamientos y asegura haber actuado conforme a la ley
SAN JUAN, Puerto Rico
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presentó dos declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia contra el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón, por alegados actos de corrupción relacionados con conflictos de interés durante su gestión al frente de la agencia.
Según informó la oficina de Domenech, ambas querellas fueron recibidas el miércoles por la OEG y Justicia. Los documentos alegan que Negrón incurrió en al menos cinco posibles violaciones vinculadas a conflictos de interés que, presuntamente, beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes del bufete Reichard & Escalera, firma de la cual Héctor Reichard de Cardona, abuelo de Negrón, es socio principal y accionista.
La primera alegación presentada por Domenech sostiene que Negrón incurrió en conflictos de interés relacionados con su abuelo y con clientes de Reichard & Escalera, en posible violación de los artículos 4.2 (g) y (s) de la Ley de Ética Gubernamental y disposiciones del Código Penal. Domenech aseguró que instruyó a Negrón a inhibirse de cualquier trámite relacionado con su abuelo o con clientes del bufete, pero alegó que el entonces secretario se negó a hacerlo.
Según la querella, Negrón tenía bajo su responsabilidad asuntos relacionados con la regulación gubernamental de los sectores de manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y entretenimiento. Domenech sostiene que el exfuncionario intervino directamente en asuntos relacionados con clientes de la firma, lo que podría constituir enriquecimiento ilícito, negociación incompatible con el ejercicio del cargo público e intervención indebida en operaciones gubernamentales.
La segunda alegación está relacionada con María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta, esposa de Negrón y propietaria de Grupo Imperial LLC. Domenech afirmó que la empresa fue registrada en el Departamento de Estado el 22 de febrero de 2026 y que siete días después solicitó un decreto de exención contributiva al DDEC sin que Negrón se inhibiera del proceso.
Según la querella, Negrón solicitó su inhibición ante la OEG un mes después de presentada la solicitud del decreto. Domenech indicó que la agencia respondió que la inhibición “no se retrotraerá a hechos que ocurrieron con anterioridad a la presentación del documento en la OEG”.
La tercera imputación se relaciona con el nombramiento de Ernesto J. Zayas García como director de la Oficina de Incentivos del DDEC. Domenech alegó que Zayas García había sido socio de Reichard & Escalera y que fue nombrado por decisión de Negrón sin el consentimiento o conocimiento previo de la gobernadora Jenniffer González.
Además, sostuvo que Zayas García facilitó trámites dentro del DDEC para clientes del bufete durante el periodo en que tardó en solicitar su inhibición de asuntos relacionados con Reichard & Escalera.
La cuarta alegación presentada por Domenech es una presunta violación al artículo 4.5 de la Ley de Ética Gubernamental por omisión de inhibición en asuntos relacionados con Eduardo J. Negrón, padre del exsecretario.
La quinta imputación señala un presunto conflicto de interés con otro familiar de Negrón, en alegada violación al artículo 4.2 (s) de la Ley de Ética Gubernamental y disposiciones del Código Penal.
Horas después de conocerse las querellas, Reichard & Escalera emitió declaraciones públicas en las que defendió su trayectoria profesional y rechazó que las controversias describan adecuadamente la naturaleza de su trabajo.
El bufete sostuvo que los decretos y contratos de incentivos económicos no constituyen contratación pública de servicios y que su función se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable.
“Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión”, expresó la firma.
Reichard & Escalera indicó además que ha asesorado a empresas acogidas a programas de incentivos desde la década de 1990 y que muchos de sus clientes han mantenido decretos contributivos bajo distintas administraciones gubernamentales.
La firma concluyó expresando confianza en que las controversias públicas relacionadas con el caso serán atendidas en los foros correspondientes y sin afectar la estabilidad ni la credibilidad de los esfuerzos de desarrollo económico en Puerto Rico.
