Delegación del PPD expone cinco hallazgos clave que evidencian un acuerdo perjudicial para el país
SAN JUAN, Puerto Rico – La delegación legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) denunció este martes que la supuesta renegociación del contrato entre el Gobierno Estatal y la empresa Genera Puerto Rico no fue impulsada por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, como esta ha alegado públicamente.
Por el contrario, documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud formal apuntan a que fue la propia empresa privada quien propuso los cambios, lo que, según los legisladores populares, pone en entredicho el discurso gubernamental y expone una negociación desfavorable para el interés público.
En una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio, el portavoz del PPD en el Senado, Javier Hernández Ortiz, presentó los hallazgos resultantes de una solicitud de información realizada el pasado 5 de marzo a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP). La petición incluyó el contrato original y el contrato enmendado con Genera, así como documentos y comunicaciones vinculadas al proceso de renegociación y cualquier intercambio con el Negociado de Energía o con LUMA Energy sobre incumplimientos contractuales.
“El análisis de la información recibida confirma que fue Genera quien solicitó la renegociación, lo cual contradice la versión de la Gobernadora. Esto deja claro que el contrato original no era viable para la empresa, y que fue el Gobierno quien accedió a sustituir los incentivos variables por un pago fijo anual de $110 millones”, indicó Hernández Ortiz. “Esto no representa una victoria para el pueblo, sino una concesión sin exigencias claras de rendimiento”.
Cinco aspectos clave del nuevo contrato
- Origen de la renegociación: Según un informe confidencial preparado por FTI Consulting, fue Genera —no el Gobierno— quien inició el proceso. Esta revelación, afirman los legisladores, derrumba la narrativa oficial y sugiere una falta de transparencia en el manejo de los contratos energéticos.
- Eliminación de incentivos por desempeño: La renegociación eliminó cláusulas como el “Decommissioning Incentive”, el cual buscaba fomentar la modernización de la infraestructura energética. La senadora Marially González subrayó que esta eliminación reduce los incentivos para mejorar el sistema y refleja un abandono de las metas de sostenibilidad energética.
- Desaparece el incentivo por ahorro de combustible: El senador Josian Santiago explicó que, en el contrato original, Genera podía ser recompensada por lograr ahorros en combustible, lo que se traducía en beneficios para los consumidores. Ahora, con el nuevo acuerdo, ese incentivo desaparece, y la empresa recibirá el pago fijo sin necesidad de demostrar eficiencia alguna.
- Origen de los fondos para el pago fijo: Una de las denuncias más contundentes vino de la senadora Ada Álvarez Conde, quien reveló que, pese a que la Gobernadora negó que el dinero para el pago provendría de aumentos tarifarios, el Gobierno admitió ante el Negociado de Energía que $70 millones del total se cubrirían mediante el mecanismo de ajuste por combustible (“Fuel Charge Adjustment”), lo que impactará directamente la factura de los consumidores desde julio de este año.
- Inacción ante incumplimientos de LUMA: Finalmente, se denunció que, a pesar de tener evidencia de incumplimientos por parte de LUMA Energy —incluyendo obstrucción a auditorías y deficiente mantenimiento de líneas eléctricas—, la AAPP no ha emitido señalamientos formales contra la empresa. El senador Santiago recordó que LUMA prometió despejar 16,000 millas de líneas, pero sólo ha cumplido con 72, a un costo excesivo de $179,166 por milla.
Un llamado a la rendición de cuentas
Los legisladores populares instaron a la Gobernadora a divulgar el informe de FTI Consulting y a ordenar una auditoría exhaustiva del contrato con Genera. También exigieron que se fiscalice el desempeño de LUMA y se apliquen las cláusulas contractuales correspondientes por su incumplimiento.
“Esto no es un asunto partidista, es un asunto de país”, concluyó Hernández Ortiz. “Cada decisión que se toma en el sector energético afecta directamente el bolsillo y la calidad de vida de nuestro pueblo. Y lo que estamos viendo es una falta de transparencia y una entrega del interés público a favor de intereses privados”.
Mientras el Negociado de Energía aún no se ha expresado sobre la moción para hacer público el informe de FTI, la presión legislativa y ciudadana continúa creciendo. La controversia no sólo reaviva cuestionamientos sobre las alianzas público-privadas, sino que también pone sobre la mesa la urgencia de repensar el modelo energético de Puerto Rico.
