Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (26 de febrero de 2021) – Un mes antes de que la licenciada Arlene Marie Questell fuera nombrada al cargo de directora de la Oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, abandonó la presidencia de Aquamak Inc., una empresa que enfrenta una multa de $35,000 por daños ambientales y una investigación legislativa por estos hechos, que realizará la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Gubernamentales de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes.
El pasado martes este medio se comunicó vía teléfono con la Oficina de Cannabis Medicinal, ubicada en Santurce, y una recepcionista confirmó que la licenciada Marie Questell ya dirige la oficina
De acuerdo con fuentes de este medio, Marie Questell fue nombrada al cargo a finales de la semana pasada, cuando la Junta Reglamentadora de la Oficina de Cannabis Medicinal se reunió para aprobar el nombramiento.
En esa reunión también le fue aceptada la renuncia a la licenciada Denise Maldonado, quien dirigió la oficina durante el pasado cuatrienio. Maldonado había presentado su carta de renuncia al puesto el 31 de diciembre, pero se mantuvo en el cargo debido a que la Junta Reglamentadora no ha examinado el asunto.
Según documentos obtenidos por EyBoricua.com a través del portal de corporaciones del Departamento de Estado, el pasado 12 de enero la Junta de Directores de Aquamak Inc., emitió una resolución corporativa en la que se determinó que Marie Questell abandonaría la presidencia y la posición de secretaría de la empresa, dos cargos que desde ese día ocupa su padre, el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.
No obstante, el cambio de mando corporativo fue certificado por el secretario de Estado, Lawrence Seilhamer Rodríguez, el 4 de febrero. Tras la certificación, la semana pasada tuvo lugar la reunión de la Junta Reglamentadora, en la que Marie Questell fue confirmada en el cargo, según una fuente de EyBoricua.com.
Antes de la confirmación, el 10 de febrero, la legisladora Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Gubernamentales de la Región Sur Central, radicó la Resolución de la Cámara 260, que pretende investigar las actividades de Aquamak Inc. para impedir que los pescadores el sector Playa del municipio de Santa Isabel, tuvieran acceso al mar a través de los terrenos que pertenecen a la empresa.
La investigación también indaga sobre la titularidad de los terrenos donde está ubicada una rampa de acceso al mar y el estado de derecho relacionado al acceso de los pescadores al mar por dicha rampa.
Aquamak Inc. fue presidida por Questell Alvarado hasta el 2017, cuando el ex alcalde cedió el control a su hija, la licenciada Marie Questell, quien la presidió hasta el pasado 12 de enero.
“Dejar la presidencia y la secretaría no la libera de responsabilidad a la señora Marie Questell, porque fue cuando ella era presidenta que se interrumpió el acceso a la playa. El ex alcalde y su hija lo que tienen es un relajo porque salen y entran a la presidencia de la corporación según su conveniencia”, dijo Alfonzo Cintrón, uno de los vecinos del barrio Playa que en el 2016 presentó una querella en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra Aquamak Inc y Alvarado Questell por impedir el acceso al mar a los pescadores y a la ciudadanía en general.
La Resolución 260 sostiene que fue Marie Questell quien impidió que los pescadores tuvieran acceso a la playa. Según la resolución, la abogada acató las órdenes impartidas por su padre para que los accesos a la playa fueran cerrados.
“Razones por las que, según el exalcalde, sostiene que las facilidades reclamadas por los pescadores no pertenecen al municipio y solicitó a la presidenta de la corporación (Marie Questell) el cierre de estas por razones de seguridad. Esta situación ha indignado a los pescadores del área, quienes exigen se les permita continuar trabajando y llevando el pan a sus familias”, indica la resolución.
De acuerdo con los querellantes ante el DRNA, el ex alcalde colocó vallas y una verja para cobrar un peaje de $30 a los pescadores de la zona que deseaban introducir sus embarcaciones en el mar a través de una rampa de concreto, que según la agencia ambiental fue construida ilegalmente en terrenos de dominio público.
Tras la querella de los vecinos, el DRNA impuso una multa por $35,000 contra Aquamak Inc y Alvarado Questell por la construcción ilegal de una rampa, muelles, una plataforma, verjas y un gazebo en la zona marítimo terrestre del barrio Playa. Además, a la empresa se le imputó haber cortado y removido ilegalmente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización.
Ni Questell Alavarado ni Marie Questell han realizado gestiones para pagar la multa y cumplir con el fallo de la agencia que ordena “la remoción inmediata de todos aquellos aprovechamientos no conformes a la ley y al reglamento” y la “restauración del área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento”.
Questell Alvarado alega que los terrenos fueron adquiridos en 1984 por Aquamak Inc., y que un informe del Centro de Recaudaciones Municipales lo confirma. La propiedad consiste de un predio de cerca de seis cuerdas en el que operan el Centro Náutico de Sur, una marina con cabida para 40 embarcaciones, el salón de actividades Aquarium y otro negocio conocido como El Gazebo de Quique. Alegadamente, los tres negocios también pertenecen a Aquamak Inc.
Los querellantes sostienen que el proceso en el DRNA fue interrumpido por los continuos cambios de abogado de parte de Aquamak Inc., lo que fue descrito como una estrategia de Questell Alvarado para dilatar la vista administrativa y desalentarlos.
El 27 de julio del 2019, la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, de la oficina de Asuntos Legales del DRNA, confirmó la multa de $35,000 contra Questell Alvarado y Marie Questell, como presidenta de Aquamak Inc., por las graves violaciones ambientales.
Hasta ahora el secretario de Salud, Carlos Mellado, no se ha pronunciado sobre las violaciones ambientales y la multa que pesa contra la empresa que fue presidida por Marie Questell.
Tampoco ha respondido a las interrogantes planteadas por este medio sobre si la presidenta de una empresa multada en $35,000 por violaciones ambientales desde 2016 y que ha actuado con total temeridad ante el DRNA, puede ocupar una posición pública con una responsabilidad de alto interés público como lo es dirigir la oficina que fiscaliza la industria del Cannabis Medicinal.
