San Juan (EFE) – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, anunció este jueves la renuncia de María Cintrón como secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
La dimisión de Cintrón se da luego de que este miércoles el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró nulo el Reglamento Conjunto de Permisos 2020.
Pese a ello, Cidre afirmó en un comunicado de prensa que el portal de permisos «está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como de costumbre».
«Por lo que, pueden tener la certeza de que nuestros servicios no se verán afectados de forma alguna», agregó.
Cidre, a su vez, informó que el Gobierno de Puerto Rico continúa trabajando en un nuevo Reglamento Conjunto y asegurará la continuidad del desarrollo económico.
«Por lo tanto, mientras la sentencia no advenga final y firme toda solicitud será evaluada dentro del marco regulatorio del Reglamento Conjunto 2020, el cual se mantiene en vigor hasta que se agoten todos los remedios legales», enfatizó.
El puesto de Cintrón lo ocupará desde este jueves Félix Rivera, actual asesor jurídico de la OGPe y quien cuenta con experiencia en el área de permisos, donde ha trabajado desde el 2007.
Por su parte, el secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, dijo que la anulación del Reglamento Conjunto de Permisos del 2020 «no es un asunto que debió tomar a nadie por sorpresa, pues se viene litigando desde el 2021», cuando el Tribunal de Apelaciones declaró nulo dicho Reglamento.
«Lo que deja al país sorprendido y se constituye en una amenaza seria a la estabilidad económica de Puerto Rico es la terquedad, torpeza e improvisación del gobernador Pierluisi al insistir en pedir la reconsideración innecesaria ante el Supremo», expresó.
Para Vega Ramos, la anulación provocará una «incertidumbre de miles de procesos de permisos que se han llevado a cabo bajo el reglamento anulado y la paralización del recibo electrónico para la presentación electrónica de nuevas solicitudes».
«La anulación del Reglamento Conjunto por el Tribunal Supremo ayer debió haber sido anticipada por la administración Pierluisi, que tuvo meses para preparar alternativas sensatas a la situación y devolverle estabilidad, certeza y transparencia al proceso de los permisos en el país», agregó.
De acuerdo con Vega Ramos, la anulación «deja en un limbo» a sobre 200.000 determinaciones de permisos que están pendientes.
«Esto pone en riesgo nuestra débil economía, ya que queda en suspenso la apertura de nuevos negocios, la construcción legítima y se afecta la creación de nuevos empleos», apuntó.
