El ascenso del autoritarismo en Estados Unidos plantea amenazas globales que afectan directamente a Puerto Rico y exigen repensar su estatus político como asunto de supervivencia democrática
Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
Hay momentos históricos en los que las señales son tan claras que ignorarlas deja de ser ingenuidad y se convierte en complicidad. El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, acompañado por una cúpula política abiertamente autoritaria, nacionalista y militarista, marca uno de esos momentos. No estamos ante exabruptos aislados ni simples excesos retóricos, sino frente a un proyecto de poder coherente que amenaza el estado de derecho, el orden internacional, la estabilidad y el futuro de la humanidad como especie.
Luego de la Guerra Fría, nos hemos olvidado de que aún existe el peligro de una guerra termonuclear final, pues el planeta descansa en la voluntad de tres líderes mundiales, uno de los cuales es Donald Trump. Esto le impone a la humanidad la necesidad existencial de negociar nuevos consensos para lidiar con las siguientes verdades inconvenientes:
La primera verdad inconveniente es que la democracia estadounidense ya no puede presentarse como un modelo universal. El desprecio sistemático por los límites constitucionales, la instrumentalización de los tribunales, la politización de las fuerzas armadas y la normalización del discurso del enemigo interno han erosionado los fundamentos del constitucionalismo liberal. Lo que antes se denunciaba como una deriva autoritaria hoy se ejerce sin pudor y con respaldo político.
La segunda verdad es que este autoritarismo se proyecta peligrosamente hacia el resto del planeta. La política exterior estadounidense ha abandonado cualquier pretensión de sujeción al derecho internacional. Las amenazas y acciones abiertas contra varios países del hemisferio —México, Colombia, Cuba y Venezuela— revelan una lógica de fuerza que sustituye a la diplomacia y al multilateralismo. Ya no se trata de contención ni de disuasión, sino de intimidación y acción cinética abierta.
La tercera verdad es que el mundo se encuentra peligrosamente cerca de conflictos armados regionales en al menos tres zonas estratégicas, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad global. Cuando una potencia militar se arroga el derecho de intervenir, secuestrar dirigentes o “corregir” gobiernos que considera hostiles, se activa una cadena de respuestas que ningún actor controla del todo. América Latina vuelve a ser tratada como un tablero geopolítico y no como un conjunto de pueblos con derecho a la autodeterminación. Esto agrava el potencial explosivo del terrible abuso hacia Palestina y los países circundantes, y una nueva escalada del latente conflicto de la soberanía de China sobre Taiwán.
La cuarta verdad es que los consensos internacionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial han sido, en la práctica, despedazados. El sistema que emergió de Yalta, con todas sus limitaciones y abusos, descansaba sobre ciertos mínimos: respeto a la soberanía estatal, prohibición del uso unilateral de la fuerza y primacía del derecho internacional. Hoy, esos principios son tratados por Estados Unidos como obstáculos que deben ser removidos.
La quinta verdad es que el derecho internacional atraviesa una crisis profunda de eficacia, no porque haya perdido legitimidad normativa, sino porque las grandes potencias han decidido incumplirlo selectivamente. Cuando el actor hegemónico actúa al margen de las reglas, el mensaje al resto del mundo es devastador: la legalidad es opcional y la fuerza vuelve a ser la norma.
La sexta verdad es que el discurso de la “seguridad nacional” se ha convertido en la coartada perfecta para justificar cualquier atropello. Bajo ese concepto elástico se legitiman intervenciones militares, sanciones económicas que castigan a poblaciones civiles y operaciones encubiertas que violan la Carta de las Naciones Unidas. La seguridad deja de ser un concepto jurídico y se transforma en una herramienta ideológica.
La séptima verdad, particularmente relevante para Puerto Rico, es que el colonialismo nunca fue una anomalía del sistema estadounidense, sino una de sus expresiones más persistentes. El mismo poder que hoy amenaza a Estados soberanos es el que impuso PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y un régimen de excepción permanente sobre el pueblo puertorriqueño. El autoritarismo externo y la dominación colonial interna responden a la misma lógica.
La octava verdad es que Puerto Rico se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema ante este nuevo escenario geopolítico. Sin soberanía, sin representación internacional y sin control sobre su política exterior o de defensa, la isla queda atrapada en conflictos que no decide y cuyas consecuencias sí padece. La historia demuestra que los territorios coloniales siempre pagan un precio desproporcionado en contextos de militarización o guerra.
La novena verdad es que la narrativa de la “protección” estadounidense hacia Puerto Rico ha quedado completamente desacreditada. No hay protección cuando se gobierna por decreto, cuando se amenaza a pueblos enteros o cuando se desprecia el derecho internacional. Lo que existe es subordinación, dependencia y silencio impuesto.
A estas verdades se suma una décima realidad aún más inquietante: la defensa abierta que la derecha fascista global —incluida su expresión pedestre en Puerto Rico, pregonada por los medios de prensa corporativa— ha hecho de actos que constituyen crímenes internacionales, como el secuestro y extracción forzada del presidente venezolano Nicolás Maduro. No se trata de confusión jurídica ni de torpeza política o intelectual. Es una toma de posición consciente a favor de la ilegalidad y de la ley del más fuerte.
Resulta especialmente grave que sectores que se autodenominan “defensores de la libertad” justifiquen prácticas que violan de forma palmaria la soberanía estatal y la prohibición del uso de la fuerza. Secuestrar a un jefe de Estado no es un acto de justicia ni de liberación: es un crimen que, de normalizarse, destruye cualquier posibilidad de orden jurídico internacional mínimamente estable.
La derecha autoritaria ha decidido ignorar los daños irreparables que estas posturas y acciones ya están ocasionando y seguirán ocasionando a la humanidad. Cuando se legitima la captura, derrocamiento o eliminación violenta de dirigentes políticos, se cruza una línea histórica peligrosa. Se instala la idea de que ningún conflicto tiene límites y de que toda diferencia ideológica puede resolverse mediante la fuerza extrema. Esto es caos.
Más aún, estas posturas irresponsables aumentan exponencialmente el riesgo de una escalada bélica global, incluyendo la posibilidad real de un conflicto nuclear. No se trata de alarmismo. Es la consecuencia lógica de un sistema internacional donde los tratados se incumplen, las normas se desprecian y la fuerza militar sustituye al derecho. El siglo XX ya demostró adónde conduce esa lógica.
Que en Puerto Rico existan voces que aplaudan o minimicen estos actos revela hasta qué punto el colonialismo político e intelectual ha erosionado el juicio ético de ciertos sectores. Defender secuestros, invasiones o intervenciones ilegales no es pragmatismo: es una renuncia abierta a la civilización jurídica construida tras dos guerras mundiales.
Esta deriva fascista, tanto global como local, no solo amenaza a los pueblos directamente atacados. Amenaza a toda la humanidad. Amenaza la posibilidad misma de resolver conflictos por vías racionales, jurídicas y democráticas. Y amenaza de forma particular a los pueblos coloniales, que siempre terminan siendo utilizados como peones, bases militares o daños colaterales.
La conclusión inescapable a este escenario trágico es que este momento histórico obliga a repensarlo todo. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad política. La independencia de Puerto Rico deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una necesidad histórica urgente de supervivencia democrática. Un país sin soberanía es un país sin capacidad real de proteger a su gente frente a los excesos de un poder imperial cada vez más dispuesto a llevar al mundo al borde del abismo.
Guardar silencio ante estas barbaridades no es neutralidad.
Es complicidad.
