El arresto se llevó a cabo en el municipio de Cayey como resultado de una operación coordinada entre varias agencias estatales
San Juan (EFE) – Autoridades de Puerto Rico informaron la tarde de este martes sobre el arresto de la oficial correccional Nashaly Roxane González, quien trabaja en la Institución Correccional Guayama 500 desde hace cerca de cinco años, por contrabando de fentanilo en la prisión.
«El arresto de esta funcionaria responde a una investigación rigurosa que pone en evidencia nuestro firme compromiso con combatir la corrupción y salvaguardar la integridad de nuestras instituciones», expresó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer.
Según los documentos judiciales, a la oficial correccional se le radicarán cargos criminales por soborno, introducción de contrabando en una institución penal, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, tentativa y conspiración para introducir sustancias controladas, específicamente fentanilo.
Estos delitos están tipificados bajo el Artículo 259 del Código Penal (Soborno), el Artículo 277 del Código Penal (Introducción de Contrabando en una Institución Penal), el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, y el Artículo 466 de la Ley de Sustancias Controladas (Tentativa y Conspiración).
Garffer junto a Francisco Antonio Quiñones, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el comisionado designado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Angel García realizaron el anuncio de la detención.
El secretario del DSP precisó que el arresto se llevó a cabo en el municipio de Cayey como resultado de una operación coordinada entre varias agencias estatales.
En la intervención participaron agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscritos a la Sección de Operaciones Confidenciales de la Oficina Regional de Ponce, junto a la Unidad de Inteligencia y la Unidad Grúa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Así como la Unidad de Inteligencia y Arrestos del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, quienes estarán radicando los cargos contra la imputada.
Por su parte, el secretario del DCR, afirmó que no le temblará el pulso ante aquellos que cometan delitos dentro del sistema.
«Continuaremos cooperando con las agencias federales y estatales para apartar de sus funciones a quienes se desvíen de las normas de nuestro departamento. No permitiremos que nadie manche el buen nombre de todos los compañeros y compañeras que laboran en la agencia», concluyó Quiñones.
