En el grupo hay un funcionario federal y un expolicía; enfrentan 49 cargos por conspiración y fraude electrónico
SAN JUAN (EFE) – Diez personas, entre ellas, una familia de tres individuos, un funcionario federal y un expolicía, fueron detenidas este jueves en Puerto Rico por cometer fraude al obtener beneficios de incapacidad del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos.
Así lo informó hoy el jefe de la Fiscalía federal en San Juan, W. Stephen Muldrow, junto al director del FBI en la isla, Devin J. Kowalski, quienes en un comunicado de prensa detallaron el proceso de fraude que cometió el grupo, que enfrenta 49 cargos, según el pliego acusatorio.
Los detenidos fueron identificados como Ángel Carrer Rivera, Richard Rivera Maitin, Víctor García Soto, su esposa, Brenda García, y su hijo, Gabriel García, Eladio Pagán, José Torres Rosado, Félix Arroyo Rivera, Ignacio Ramos Class, y Randolph Báez, hermano de Brenda García.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre los años 2020 y el corriente 2025, Carrer Rivera, aprovechándose de su puesto en el despacho federal y teniendo acceso a los sistemas de manejo de beneficios de los veteranos, le asignó algunos reclamos a otros compañeros de trabajo que supervisaba.
Uno de esos colegas era Rivera Maitin, con quien decidía, cuál condición médica debía ser reclamada por algunos veteranos para obtener fraudulentamente beneficios de incapacidad.
Así, Rivera Maitin, un veterano y dueño de un negocio de reparación de autos, identificaba a otros veteranos que no lograban obtener el 100% de discapacidad y les ofrecía ayudarlos a llegar a esa meta cobrándoles un adelanto, además de un porcentaje del dinero retroactivo de lo que la persona recibía.
Richard Rivera Maitin, a su vez, instruía a los veteranos exactamente cuál información falsa debían proveer cuando acudieran a hacerse el examen médico y completar la documentación de la solicitud para obtener los beneficios.
En conjunto, Carrer Rivera, Rivera Maitin y otros veteranos solicitaron fraudulentamente beneficios de discapacidad a través de falsas condiciones médicas, todas en violación federal.
Algunos de los veteranos que obtuvieron el 100% de discapacidad fueron García Soto, el policía Gabriel García y Ramos Class, un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Mientras, Torres Rosado y Arroyo Rivera recibieron el 90% de incapacidad, Pagán el 70% y Báez el 60%. A su vez, Brenda García ayudó como facilitadora y co-conspirada de sus familiares.
Los imputados, igualmente, cobraron y recibieron pagos por facilitar la aprobación mediante solicitudes de discapacidad de la dependencia federal basadas en información falsa.
Así, los veteranos participantes del esquema recibían sus pagos por beneficios de discapacidad.
De esta manera, los acusados se enriquecieron económicamente y provocaron una pérdida grande a Estados Unidos.
Por ello, los imputados enfrentan cargos por conspiración, conspiración electrónica, fraude de correo y conspirar para cometer fraude de correo y fraude electrónico.
Si los acusados son encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años en prisión.
