La secretaria Ana Escobar también solicitó la suspensión de cinco médicos mientras continúa la investigación
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, informó este viernes que han decidido destituir a ocho empleados de la agencia involucrados en el caso de Hermes Ávila Vázquez.
«Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) y las resoluciones de la Oficial Examinadora, hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber», explicó en un comunicado la secretaria del DCR.
Esta decisión es acorde al Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR, según Escobar Pabón, quien aseguró que todo empleado debe cumplir cabalmente con sus deberes y funciones.
Estos empleados, de no estar de acuerdo con la determinación, tienen la oportunidad de apelar la misma ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
Por otro lado, la secretaria del DCR solicitó a Physician Correctional que suspenda los servicios que ofrecen los cinco médicos involucrados en el caso hasta que finalice el proceso de investigación que realiza la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM) del Departamento de Salud.
Con esta acción, hoy finaliza el proceso de investigación administrativa de ese caso, que ha incluido vistas administrativas y otros procesos.
Las vistas administrativas de medida disciplinaria contra los ocho empleados que recibieron carta de intención de destitución iniciaron el 5 de septiembre y concluyeron el 27 de septiembre.
Luego de este proceso, pasó a la oficial examinadora, proceso que concluyó el pasado 12 de noviembre.
Estos expedientes se refirieron a la Oficina de Disciplina de Empleados del DCR para revisión, análisis y la Oficina de Asuntos Legales los refirió a la autoridad nominadora para determinación final.
Ávila Vázquez fue excarcelado en 2022 tras un dictamen de un panel de médicos que certificaron que presuntamente sufría de una enfermedad terminal, lo que no resultó ser cierto.
En agosto pasado, fue condenado a 102 años de cárcel por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, cometido el 21 de abril de este año en Manatí.
